El legislador Roberto Sánchez anunció este miércoles que su bancada, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, impulsará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del destape de su colección de relojes de lujo, incluido al menos cuatro Rolex.
Se trata del segundo pedido de destitución en una semana, después de que Perú Libre empezara a recolectar las 33 firmas necesarias para respaldar el documento que redactó. Sánchez comunicó la decisión horas después de que el fiscal supremo Hernán Mendoza revelara que Boluarte no acudió a la citación del Ministerio Público para testificar sobre la investigación preliminar del caso.
“¿Quién puede blindar a una altísima funcionaria, presidenta del Perú, en presunción de hechos irregulares e ilegales? No hay forma de blindarla ni sostenerla cuando ya existen precedentes en materia de diligencias preliminares a presidentes en ejercicio”, siguió.
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de sus bienes, luego de que La Encerrona revelara que Boluarte tiene unos 15 relojes, alguno de ellos de lujo, sin haberlos declarado ante la autoridad electoral.
De momento, la portavoz de Perú Libre, Margot Palacios, ha precisado que la primera moción presentada ya cuenta con 20 de las 33 firmas reglamentarias para presentarla ante la Oficialía Mayor del Parlamento.
Sobre este pedido, la gobernante se declaró despreocupada y extendió su brazo al trabajo articulado de “congresistas demócratas”, y no a aquellos que solo miran “sus intereses ideológicos”, entre los que incluyó a sus excompañeros de militancia.
Durante las siguientes semanas el país aguarda, por un lado, si la propuesta de Perú Libre consigue las firmas necesarias para presentar la moción y, por otro, nuevas pistas que arrojen luz sobre los relojes de la presidenta.
Reprogramación
La defensa legal de Boluarte ha pedido reprogramar las diligencias debido a “la recargada agenda de actividades del Despacho Presidencial”, según un documento del despacho de abogados Castañeda Menacho. El fiscal general, Juan Carlos Villena, lo replicó de manera inmediata y señaló que se trata de un “indicador de rebeldía”, ya que las diligencias habían sido programadas con anterioridad.
“Pretende la defensa que la convocatoria a la investigada [...] se programen después de dos semanas, siendo su pretexto ‘recargada agenda’; sin embargo, no [se] justifica”, se lee en documento.
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