La congresista Patricia Chirinos, Edgar Tello, José Jerí, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por derivar la investigación contra Patricia Benavides a la fiscal suprema Delia Espinoza. Solicitando su inhabilitación por 10 años de la función pública.
Los legisladores, quienes fueron incluidos por Espinoza en la investigación que se le sigue a Benavides, acusan al titular del Ministerio Público de presunta infracción constitucional, así como la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.
En la denuncia se repiten los mismos argumentos que formuló la defensa de la suspendida Patricia Benavides ante el Poder Judicial: que solo el fiscal de la Nación puede investigar a altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio político.
Sin embargo, dichos alegatos ya fueron desestimados en primera instancia por el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al declarar infundada la tutela de derechos de la suspendida fiscal suprema.
Checkley confirmó que Delia Espinoza es “la única habilitada y competente” para conocer el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ ya que Juan Carlos Villena se excuso por ser testigo en la pesquisa, igual que Pablo Sánchez.
El juez supremo consideró que “lo correcto” hubiera sido que Villena derivara la carpeta fiscal a Sánchez y este también se excuse; sin embargo, indicó que “no puede obviarse una situación fáctica y jurídica real”: el hecho de que ambos fiscales supremos ya declararon como testigos uno de los hechos que se indaga en el caso.
También se tomó en cuenta que Villena y Sánchez no podrían asumir actualmente el caso debido a que, cuando se dieron a conocer los chats de Jaime Villanueva, solicitaron sin éxito a Patricia Benavides que renuncie al cargo de fiscal de la Nación.
Enfrentamiento
Otro argumento de la denuncia constitucional contra Juan Carlos Villena es el oficio que este último envió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el que le solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se abstenga de dar trámite a la denuncia constitucional contra Delia Espinoza.
Villena hizo dicho requerimiento debido a que, cuando envió la misiva, aún no se resolvía la tutela de derechos de Patricia Benavides en la que cuestionaba la competencia de Espinoza para investigarla.
Además, Soto alegó que “impedir el ejercicio de las funciones a una autoridad elegida es un delito que tiene una pena entre 2 y 4 años de cárcel”. Así tipifica, en parte, el Código Penal el delito de violencia contra autoridades elegidas, aunque para que se configure por completo el ilícito se requiere de “violencia o amenaza”.
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