
La inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, del hermano presidencial, Nicanor Boluarte, avanza sin problemas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pese a ello, nuevas acusaciones contra este se revelan. Esta vez se trataría de una modalidad en la que el líder de la organización política estaría solicitando montos de dinero de S/ 10 mil y S/ 5 mil soles para prefecturas y subprefecturas regionales.
Cuarto Poder dio a conocer que, en Huánuco, Nicanor Boluarte estaría solicitando dichos aportes económicos en nombre de su agrupación política, y a cambio favorecer con la designación de prefectos a quienes cumplan con hacer entrega del monto solicitado, así como haber recolectado firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú
De acuerdo a los informes, la exigencia de estas contribuciones monetarias se justificaba como una suerte de cuota partidaria. Uno de los casos más notorios involucra a Richard Rojas, un profesor que manifiesta haber sido solicitado para reunir firmas y un pago de S/10.000 para una nominación como prefecto regional.

Este escenario se suma a la revelación de otros individuos que preferían mantener el anonimato por temor a represalias, ilustrando un patrón de conducta preocupante en torno a prácticas de aparente corrupción ligadas a la gestión de la presidenta Boluarte.
Nahisi Solís, una cantante local, emergió como otra figura central en este entramado, ofreciendo apoyo a la operación de recolección de firmas y facilitación para ocupar subprefecturas, bajo el auspicio de Nicanor Boluarte. Los señalamientos indican que Solís habría reunido más de 2.000 firmas, consolidando aún más la especulación sobre un esquema organizado de manejo de influencias dentro de la citada organización política.

Testimonios indican que la implicación de Jhony Esquivel, un empresario con historial de apoyo a diversas facciones políticas, en las actividades de CPP cerca al Palacio de Gobierno, revela una red de influencias que trasciende lo local. La historia de Ciudadanos por el Perú, desde su consolidación hasta los retos actuales, se convierte en un reflejo de la complejidad del espectro político peruano, donde la lealtad y las ambiciones a menudo colisionan.
Las acusaciones apuntan a Fanny Huamán como la persona que habría comunicado estas condiciones, aunque ella misma ha negado tener conocimiento sobre los mismos. Por otro lado, se ha mencionado la relación de Huamán con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad que ha sido objeto de controversia debido a presuntas conexiones con Nicanor Boluarte y Víctor Torres Merino, importantes figuras del CPP y de la política local.
Los hechos resaltan una esperada reunión con Boluarte, que finalmente no se concretó, siendo Torres Merino quien asistió en su representación. La cita tuvo lugar en un edificio en Lince, donde, según testigos, Boluarte fue visto esperando en el exterior. Estos elementos suman a la compleja trama de presunta corrupción y tráfico de influencias que envuelve a la política y gestión pública en la región.
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