El legislador Edwin Martínez (Acción Popular) reconoció este jueves sus colegas han incurrido en la retención del salario de sus trabajadores y en irregularidades que no precisó, mientras intervenía durante el pleno en defensa de la diputada María Cordero Jon Tay, suspendida por recortar el sueldo de sus trabajadores y darles un trato denigrante.
“Quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República a no tener miedo. Últimamente, nos parecemos a los fiscales a los cuales criticamos tanto, quienes juzgan de acuerdo a lo mediático, a lo que se publicita, a la bulla; y no ejercen el derecho en su debido proceso. Nos estamos convirtiendo en esa misma tribuna blandengue”, dijo el parlamentario en el minuto que se le abrió el micrófono.
El diputado José María Balcázar (Perú Bicentenario) también salió en defensa de Cordero —expulsada de Fuerza Popular— y citó la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva respecto a que la denuncia constitucional contra la legisladora era “un mensaje” para la bancada fujimorista.
En octubre pasado, la Comisión de Ética aprobó el informe que recomendaba suspenderla por 120 días, sanción que el pleno dio luz verde, aunque esta vez no aprobó la propuesta de inhabilitación por 10 años de la función pública. El escaño de Cordero será ocupado por su accesitaria, Magally Santisteban, cuya credencial deberá ser emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) después de que el Congreso notifique la decisión.
“Comenzaron a pedir otro tipo de ingresos. Nos obligaba a que le regalemos costosos objetos, como joyas, collares, billeteras y perfumes, todo de marca. Todos los regalos que solicitaba eran de costoso valor”, dijo Cabrejos. A raíz de estas denuncias, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de concusión, y la Procuraduría General del Estado la denunció por el delito de cohecho pasivo impropio.
La representación nacional aprobó levantarle el antejuicio y suspenderla mientras duran esas pesquisas.
Se defendió
Aferrada a un bastón y con la voz entrecortada, Cordero acudió al pleno para ejercer su derecho a la defensa y pedir un voto de conciencia. “Me he visto en la obligación de incumplir mi descanso médico, cuestionado por algunos, para afrontar de manera presencial un segundo proceso que busca nuevamente una suspensión con mi persona”, dijo.
En el pasado, mientras la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluaba la admisibilidad y procedencia de la acusación en su contra, la diputada no acudió a al menos cuatro sesiones.
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