El legislador Raúl Doroteo (Acción Popular) retuvo la mitad del sueldo a una asesora técnica parlamentaria que se encuentra hospitalizada, según una denuncia difundida este miércoles por Beto a Saber, que expuso un chat en el que la trabajadora María Morales Gutiérrez le pide al congresista disminuir el porcentaje exigido.
“Del bono de diciembre, he dejado 2000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se lee en el mensaje de WhatsApp.
“Martín, me solucionas eso, por si acaso no me ha dado nada. Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, presionó. Beto a Saber reveló que, inmediatamente después de emitida la denuncia, la trabajadora recibió visitas no autorizadas y amenazas de allegados al diputado y de Yonhy Lescano, quien renunció a la militancia de Acción Popular.
La Procuraduría General del Estado ya ha solicitado el inicio de diligencias preliminares a la Fiscalía. Para el parlamentario Guido Bellido (Perú Libre), la reciente acusación merece ser elevada a la Comisión de Ética, que preside Diego Bazán. “Evidentemente, tiene que ser evaluado [...] Cada caso es totalmente distinto. No hay una carta blanca para cualquiera. Hay que evaluar con precisión los hechos que se van dando”, declaró.
Otros diputados implicados en el robo del salario a sus trabajadores han sido María Cordero, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Marleny Portero y Alejandro Soto.
‘Los Niños’ y más
En octubre de 2022, la Fiscalía allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista, incluido Doroteo, así como la vivienda de una hermana del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), como parte de una investigación que seguía una presunta organización criminal en el Ejecutivo.
“A esos legisladores se les investiga, también, por presuntamente haber puesto a funcionarios claves en el Ejecutivo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno”, agregó la Fiscalía. El testimonio de López y otros abrieron siete investigaciones por diferentes delitos contra Castillo, actualmente recluido en Barbadillo por cargos de corrupción y rebelión.

En enero de 2023, la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ratificó la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Doroteo por falsedad genérica, al presentar información falsa sobre su educación superior. El legislador indicó que culminó la carrera de Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), pero la institución precisó que solo se encuentra registrado como matriculado.
Para el Poder Judicial, el legislador debió consignarlos como “estudios técnicos”, debido a que solo cursó dos ciclos en el año 1995, y no como “universitarios”. El fallo también incluyó reglas de conducta y el pago de mil soles por reparación civil.
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