JNJ: Organizaciones de derechos humanos “alertan a la comunidad internacional” por ataques al sistema de justicia en Perú

Hasta cuatro organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que alzan su voz de alerta sobre la intención del Congreso de remover de sus cargos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DRLF), Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) firmaron un pronunciamiento titulado “La integridad del sistema electoral peruano se encuentra en riesgo ante la inminente remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia en el Perú”.

El documento, publicado durante el desarrollo del Pleno del Congreso, en el que se debate la decisión a tomar con los miembros de la JNJ, indica que existen graves consecuencias en caso de que el intento del Parlamento tenga éxito.

“La remoción de los miembros de la JNJ afectaría la independencia de los jueces y fiscales que tramitan casos de corrupción que involucran a integrantes de la clase política peruana, incluyendo a miembros del actual Congreso”, se puede leer en la publicación difundida en redes sociales.

Esto debido a que se enfatiza que una de las labores de la JNJ es precisamente el garantizar la independencia del sistema de justicia, pues se encarga de nombrar, evaluar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todo el Perú. “Es por eso que también tiene competencia sobre los jueces y fiscales que integran el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales”, aseguran las organizaciones.

Las organizaciones también recuerdan que el Congreso ha realizado múltiples pronunciamientos y ejecutado más de una acción contra los miembros de la JNJ, la inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública y las denuncias por infracción constitucional son una muestra de ello.

Además, se añade que los procesos que se están siguiendo en contra de los miembros de la JNJ son “no regulados en la ley”. En ese sentido, las cuatro organizaciones firmantes indicaron que las acciones del Congreso peruano “revelan la profundidad del deterioro democrático en el país”.

El comunicado también añade la necesidad de que otros actores se pronuncien en contra de estas actitudes del Poder Legislativo. “Exhortamos al Congreso de la República del Perú a detener esos ataques y a los demás poderes públicos a manifestar su rechazo frente a estas actuaciones severamente dañinas para la democracia peruana, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país”.

La acusación en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia se basa principalmente en que la magistrada Inés Tello cumplió 75 años durante el cumplimiento de su labor en la JNJ y, por lo tanto, -según la lógica del Congreso- debería ser destituida, pues la ley orgánica de la organización indica que para ser miembro de la Junta se debe ser menor de 75 años.

Este hecho, producido en octubre del año 2020, lo que motivó a que los integrantes de la JNJ emitan una resolución en la que se indica que Tello puede mantenerse en su cargo hasta el final de su mandato, que sería en el año 2025. Esto fue considerado por el Congreso como un acto irregular que beneficia directamente a Tello, pese a que la JNJ considera que lo indicado en su Ley Orgánica fija el límite de edad para ingresar, más no como límite para mantenerse en funciones.

Cuando fue consultada por su situación en septiembre del año 2023 en RPP, la magistrada Tello indicó que “en este país cuántos hombres y mujeres mayores de 75 años manejan sus casas, sus negocios y se desenvuelven bien. Son capaces y yo represento a ese grupo de peruanos y peruanas. Yo voy a luchar hasta el final e iré a todas las instancias, porque el Perú ha suscrito convenios internacionales”.