El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que tiene un plan ambicioso para atajar el problema de hacinamiento en las cárceles, ampliando y construyendo nuevos establecimientos penitenciarios en diversas regiones del país. Según revelaciones, al diario La República, este esfuerzo incluye la edificación de nuevas prisiones en Cajamarca, Huánuco, Lima, y Huancavelica, y la expansión de penales existentes en Trujillo, Arequipa, y Loreto, con un financiamiento gubernamental asignado de 1.631 millones de soles.
La decisión surge como respuesta a una orden del Tribunal Constitucional (TC), que dictaminó en 2019 un ultimátum para el 2025, exigiendo la superación del estado de hacinamiento inconstitucional en el sistema carcelario. De no cumplirse, se ordenará el cierre de seis reclusorios críticos, entre ellos, los situados en Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro, caracterizados por sus alarmantes tasas de sobrepoblación carcelaria.
El presidente del INPE, Javier Llaque Moya, compartió detalles al medio impreso sobre los planes en curso para enfrentar esta crisis. A lo largo de este y el próximo año, se contempla la construcción de nuevos pabellones en las cárceles de Abancay y Arequipa, así como proyectos ya en desarrollo, que incluyen ampliaciones en Chimbote, Lampa, Puno, y un nuevo pabellón en Iquitos.
Llaque Moya también destacó la finalización de expedientes técnicos y la aseguración del financiamiento para nuevos centros penales en Venado Pampa, Huánuco, Ancón III en Lima, y el centro de readaptación Shumba en Cajamarca. Las obras están previstas para comenzar en febrero de 2025, con expectativas de finalizar para septiembre de 2026.
Cárceles hacinadas: un problema de hace décadas
La situación carcelaria en Perú ha alcanzado niveles críticos, con una sobrepoblación que excede el 130% de su capacidad instalada, afectando a 68 establecimientos penitenciarios en todo el país. Actualmente, se registra una población carcelaria de 93.985 reclusos, superando en 52.966 individuos la capacidad óptima, diseñada originalmente para albergar a 41.019 personas. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha destacado esta preocupante estadística que evidencia la grave crisis de hacinamiento que enfrentan las cárceles peruanas.
Este excesivo número de reclusos no solamente representa una violación a los derechos humanos, sino que también desafía los compromisos internacionales de Perú, enfocados en asegurar el respeto y la integridad de los privados de libertad. De los 68 complejos carcelarios reportados, 49 tienen tasas de hacinamiento que superan el 100% de su capacidad, con situaciones extremas que incluso alcanzan y exceden el 500%. Estas cifras no solo resaltan el problema actual, sino que subrayan una deficiencia sistémica persistente en las infraestructuras penitenciarias del país.
Según un estudio de la Facultad de Derecho PUCP, el estado de sobrepoblación en las cárceles no es un fenómeno nuevo, sino una “realidad latente” que ha comprometido la dignidad y los derechos fundamentales de los internos durante años.
La problemática del hacinamiento se ha convertido en un desafío estructural que demanda atención inmediata y reformas efectivas por parte de las autoridades competentes, para mitigar las consecuencias que esto implica para la salud, seguridad y bienestar de los individuos recluidos, así como para el personal de seguridad y administrativo que labora en estas instalaciones.
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