JNJ: Jefes de ONPE y Reniec manifestaron su voluntad de ser evaluados para permanecer en el cargo

En un movimiento significativo dentro de las instituciones electorales de Perú, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han solicitado formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ser evaluados para su ratificación en sus respectivos cargos. A través de cartas dirigidas a Antonio de la Haza, presidente de la JNJ, expresaron su deseo de continuar contribuyendo al desarrollo democrático del país.

Corvetto y Velarde, quienes están al frente de instituciones clave para la organización electoral y el registro ciudadano en Perú, han hecho públicas sus intenciones de someterse al riguroso proceso de evaluación establecido por la JNJ, una entidad encargada de garantizar la idoneidad y eficacia de los funcionarios públicos en cargos críticos.

Por otro lado, Velarde, resaltando el avance logrado bajo su gestión en el Reniec, expuso en su carta a la JNJ, “la firme convicción” que tiene de “seguir mejorando la atención a todos los ciudadanos y entidades del país”. En esa línea, destacó también el significativo logro de haber alcanzado el 98.7% de cobertura nacional, lo cual ha contribuido a que el Reniec reciba el más alto nivel de confianza ciudadana entre todas las entidades públicas y privadas del país.

La solicitud de ambos funcionarios para someterse a la evaluación de ratificación se da en un contexto donde la transparencia y la eficacia administrativa son primordiales para consolidar la confianza en las instituciones públicas peruanas. Como se sabe, los funcionarios son designados por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser ratificados para un periodo adicional tras superar un proceso de evaluación.

La participación activa de la JNJ en el nombramiento y ratificación de los titulares del Reniec y de la ONPE se considera un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional en Perú. La evaluación a la que se someterán Corvetto y Velarde podría marcar un hito en los esfuerzos por asegurar que los líderes de estas instituciones clave continúen trabajando con eficacia, integridad y dedicación hacia los peruanos.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta un proceso crucial, donde siete de sus miembros podrían ser inhabilitados por un plazo de 10 años. Esta medida sucede luego de que en el Congreso de la República se contabilizaran 70 votos favorables a su desafuero. El caso, que tomó un giro decisivo el pasado 26 de febrero, involucra a los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Henry Ávila. La decisión en el Congreso marca el último paso antes del posible ejecutivo de la acusación constitucional contra estos funcionarios.

La consideración de este procedimiento llegó a ser objeto de un intensivo debate en cuanto a la posibilidad de alcanzar el mínimo requerido de 66 votos en el plenario del Congreso, necesario para aprobar la inhabilitación de estos jueces. La situación alcanzó un punto de expectación sobre si se lograrían asegurar los votos necesarios para su remoción, según reportes preliminares del diario Correo. Esta instancia representa un momento definitorio en el proceso de acusación constitucional propuesta.