Hay alta probabilidad de que el Perú incumpla por segundo año consecutivo su meta de déficit fiscal, prevé el IPE

El Perú enfrenta el riesgo de incumplir nuevamente su meta de déficit fiscal en el 2024 debido a la aprobación de leyes que disminuyen los ingresos e incrementan el gasto público, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) compartido a Gestión. La disminución de la recaudación fiscal en un 10,3% durante el 2023, marcada por una de las caídas más severas de las últimas tres décadas, solo superada por la crisis de la pandemia, ha puesto en jaque la estabilidad de las finanzas públicas del país.

Factores que contribuyen un mayor deterioro fiscal

Este escenario se ve agravado por diversas leyes aprobadas que reducen aún más la recaudación e incrementan los gastos públicos, además del deterioro financiero de Petroperú, que puede derivar en nuevos rescates financieros del Gobierno, y comprometer significativamente los recursos fiscales o incrementar el endeudamiento público.

Adicionalmente, se proyecta un aumento en las remuneraciones del sector público, lo que ejerce una presión adicional sobre el déficit fiscal, el cual ya se incrementó a 2,8% del PBI en el 2023, superando la regla fiscal establecida de 2,4%. Por otro lado, el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima por un monto de S/1 millón 200.000 durante 20 años también contribuye al deterioro fiscal.

Esto es parte de un plan de endeudamiento de S/4.000 millones, que elevaría el nivel de deuda de la comuna de Rafael López Aliaga a casi 4,5 veces sus ingresos corrientes.

Estos factores, combinados con un espacio fiscal limitado y un entorno económico internacional desafiante, sugieren una credibilidad y sostenibilidad fiscal comprometidas para el país.

Economía debería crecer 4% para cumplir con meta fiscal

En una anterior entrevista con Infobae Perú, el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla anotó que la credibilidad del MEF es lo que más ha sufrido en la última gestión de Alex Contreras. Mencionó que uno de los puntos neurálgicos para recobrar la confianza, es el aseguramiento del cumplimiento de las reglas fiscales, la cual se quebró por cuatro décimas en 2023.

En el análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), los retos fiscales para este año son significativos al considerar que la asignación de recursos aprobada en la Ley de Presupuesto Público del 2024 contempla un aumento de casi S/10.000 millones en rubros vinculados a personal y remuneraciones.

Esta es una de las partidas que más ha presionado el déficit fiscal durante el 2023. El incremento de remuneraciones planteado para este año es más del doble del incremento entre el 2011 y 2019 (S/3.866 millones) y supera el crecimiento total del gasto público estimado en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027, lo cual resta flexibilidad para aumentos en otras partidas presupuestales igual de relevantes.

Los principales retos se concentran en cómo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrentará la necesidad de recaudar aproximadamente S/18.000 millones adicionales en el 2024 para alcanzar la meta de reducir el déficit al 2,0% del PBI.

Esto, dentro de un contexto donde incluso una mejora en los precios de exportación y un crecimiento económico del 3.0% no serían suficientes para cumplir con las proyecciones, acercándose solo al 20.3% del PBI en recaudaciones fiscales, por debajo del 20.6% necesario.

La gestión del nuevo titular del MEF será decisiva en revertir la tendencia actual y asegurar una trayectoria fiscal responsable que preserve las fortalezas macroeconómicas del país.

A pesar de que el déficit fiscal del Perú se ubica entre los más bajos de América Latina y otras economías emergentes, el país enfrenta riesgos que podrían comprometer su credibilidad y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

En la actualidad, Perú mantiene una calificación crediticia que refleja la solidez de sus finanzas públicas y la fortaleza de su macroeconomía. No obstante, el aumento de las presiones de gasto sin fuentes de financiación sostenibles, junto con la disminución de las fuentes de ingresos, podrían llevar a un incremento de la deuda pública y eventualmente afectar esta calificación.