
El Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario de la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, y su asesor Miguel Ángel Chafloque tras un pedido de la Fiscalía de la Nación. Esta medida permite investigar las cuentas y movimientos financieros de ambos desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022, en relación con el caso conocido como “mochasueldos”.
El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha considerado necesaria la intervención en las cuentas bancarias de la congresista para esclarecer las acusaciones de recorte de remuneraciones de por lo menos cuatro trabajadores del Congreso, práctica denominada como “mochasueldos”.
Este paso facilitará a la Fiscalía de la Nación verificar la existencia de transferencias no autorizadas a partir del citado periodo. La búsqueda de indicios sobre el supuesto delito de concusión, que implica la obtención de beneficios económicos por parte de funcionarios a partir de su cargo, se encuentra en el centro de esta investigación preliminar.

Heidy Juárez y Miguel Ángel Chafloque enfrentan una indagación que apunta a desentrañar si la congresista y su asesor estuvieron implicados en cobros indebidos o en el manejo irregular de los salarios de los empleados subordinados a su despacho en el Congreso. La decisión de la Fiscalía y del juez Checkley marca un paso crucial en la consolidación de las pesquisas y pone de manifiesto el compromiso del sistema judicial del país en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de los fondos públicos.

Juárez habría recortado sueldo de al menos cuatro trabajadores
La congresista de Podemos Perú está siendo investigada tras revelaciones de que habría retenido parte de las remuneraciones de sus trabajadores para pagar el salario de un primo encargado de la gestión de redes sociales. Según informó el medio Punto Final, la parlamentaria habría disminuido el sueldo de su asesor.
Eduardo Saucedo Castañeda entre octubre del 2021 y febrero del 2022 para destinar esos fondos a su familiar. A la luz de este escándalo, el semanario Hildebrandt en sus Trece reportó que cuatro extrabajadores de la misma también han denunciado recortes salariales destinados a la congresista, recogidos por el asesor principal Miguel Chafloque Domínguez, el cual ahora se encuentra bajo pesquisa de la Fiscalía.

Estas acusaciones levantan serias preocupaciones sobre la ética laboral y el manejo de recursos públicos por parte de la funcionaria implicada. La fiscalía procede a investigar detalladamente estas afirmaciones que ponen en duda la legalidad de las acciones tomadas por la oficina de la congresista. La denuncia originalmente surgió cuando los trabajadores afectados notaron una disminución en sus ingresos mensuales, situación que se mantuvo durante varios meses y culminó con la intervención de las autoridades competentes tras las quejas formales.
Se la acusa por el delito de concusión
A la congresista Heidy Juárez Calle se la investiga por el delito de concusión, ante “un presunto abuso de su cargo para que trabajadores parlamentarios le entreguen parte de sus remuneraciones”, según la hipótesis fiscal.
La concusión de los delitos contra la administración pública (corrupción estatal). Este de da “cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial”.
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