Frente al incremento de las tarifas de peaje implementado por la empresa concesionaria Rutas de Lima, elevándolas a S/7.50, la medida ha suscitado intensas críticas, siendo descrita por el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, como un comportamiento abusivo y corrupto.
Es importante recordar que el 4 de diciembre de 2023, el pleno del Tribunal Constitucional se congregó para examinar un hábeas corpus presentado en contra de Rutas de Lima. En este contexto legal, el alcalde intervino para exponer los argumentos de la Municipalidad de Lima, con la intención de obtener la administración de los puestos de peaje ubicados en Puente Piedra.
Rafael López Aliaga arremete contra Susana Villarán
En una entrevista con el dominical Contra Corriente, el burgomaestre destacó la importancia de proteger los derechos fundamentales de la población. Se refirió a la sesión del Tribunal Constitucional, expresando la urgencia de una sentencia que afectaría directamente a la población de Puente Piedra, Lima Norte, y Lurín, Lima Sur. “Son derechos cruciales a la vida, a la libertad, al libre tránsito, derechos violados por Susana Villarán para sacrificar a la población más vulnerable”, señaló el alcalde.
Además, López Aliaga no escatimó críticas, acusando a Villarán de reconocer su condición de coimera y cuestionando por qué no se implementaron medidas similares en otros distritos con mayor capacidad adquisitiva.
Uno de los puntos más preocupantes destacados por el burgomaestre de Lima fue el impacto económico en las familias vulnerables. Según sus declaraciones, estas familias destinan casi el 20% de sus ingresos para pagar los peajes en Lima.
Acciones de Rutas de Lima
En respuesta al aumento de precios, Rutas de Lima emitió una carta dirigida a la Municipalidad Metropolitana de Lima confirmando el incremento a S/7.50 en las casetas de Chillón, Panamericana Norte, el Centro de Recaudación Pucusana y la Panamericana Sur. La empresa justificó este aumento, citando la inflación acumulada hasta el 31 de diciembre del año anterior y asegurando que el peaje es esencial para la recuperación de las inversiones realizadas.
“(Somos) una concesionaria cuya inversión es 100% privada y el peaje constituye la única fuente con la que recupera las inversiones realizadas bajo el contrato de concesión, lo que comprende el desarrollo de infraestructura, así como las labores de operación, mantenimiento, conservación, seguridad, limpieza, atención al usuario entre otras, además de cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y con los Acreedores Garantizados Permitidos”, estipuló la compañía.
La situación parece haber llegado a un punto crítico, con tensiones entre la empresa concesionaria y las autoridades locales. La decisión del Tribunal Constitucional será determinante en el futuro de la gestión de los peajes en Lima, y la población aguarda con expectación una resolución que defienda sus derechos fundamentales.
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