
El pasado jueves, Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación, presentó su apelación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Acompañada de su defensor, el exlegislador del partido aprista Jorge del Castillo, argumentó contra la medida de suspensión de seis meses que se le había aplicado. Esta acción fue tomada mientras se investiga su supuesta vinculación con una red delictiva relacionada con el caso conocido como ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
Durante la exposición, Del Castillo informó ante el pleno de la JNJ que tenía un informe pericial que demostaría que los chats de WhatsApp entre Jaime Villanueva, exasesor de confianza de Benavides, y un congresista de la República, cuyo apelativo era ‘Roberto’, habían sido manipulados e, incluso, llegó a mencionar que fueron recortados.
Infobae Perú accedió al documento expuesto por el expremier del segundo gobierno de Alan García que fue elaborado por el doctor Danny Humpiré Molina, quien es experto en antropología física forense. A lo largo de las 63 páginas se detallan las indagaciones que llevó a cabo en colaboración con el ingeniero de sistemas Jimmy Girón Montufar.
Inicialmente, los dos especialistas alegan que los pantallazos que muestran el nombre de Jaime Villanueva como ‘Jaime Fisca Congreso’ “no tendrían fuente original, debido a que no se aprecia el número de celular de la persona del chat y tampoco se observa metadatos del chat WhatsApp, ya que sería una conversación de procedencia dudosa”.
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Además, el informe menciona que la persona que tomó la captura de pantalla de la conversación, nunca muestra el número de teléfono del contacto ‘Jaime Fisca Congreso’ lo que “evidencia una clara manipulación y tampoco se puede observar la metadata del contacto en cuestión”.
En ese sentido, anotan que realizaron un análisis de los pantallazos donde el nombre de Jaime Villanueva figura. Así, sostienen que estos registros pueden modificarse muy fácilmente con aplicaciones de edición como WhatsApp Fake, Telegrama Fake, Signal Fake, Wire Fake, donde se pueden crear conversaciones falsas con todos los elementos que se requieren: la hora, la cobertura y operador de red, el rango de batería, y con una información que aparecen en estos chats.
Recalcan que no es necesario que usen software complejos como Photoshop, CorelDraw u otros.

Entre las apreciaciones que se llega en el peritaje se menciona que los chats de Jaime Villanueva, que obran en el el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP), evidencian “edición y manipulación, además no cuentan con un código de aseguramiento hash, ni una correcta cadena de custodia emanada por el Ministerio Público”.
Por esa razón, el informe exige en las conclusiones que las conversaciones de WhatsApp sean realmente corroboradas por los peritos forenses informáticos del laboratorio digital del Ministerio Público, de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) y de la Dirección de Criminalistica (Dircri) de la Policía Nacional, y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
De otro lado, se cuestiona a la Fiscalía “al presentar en hoja de papel bond y un almacenado en un dispositivo USB, sin cadena de custodio, sin código hash y sin conocer la fuente de origen, lo que se demuestra científicamente una mala praxis en la obtención y manejo para el procesamiento correcto en la información en telefonía móvil forense y computo forense”.

“No se acondiciono ni se valo a dichos protocolos, lo cual han sido vulnerados. Cabe precisar que es muy necesario los WhatsApp del remitente y receptor con su fuente de origen (celular del emisor-receptor)”, acotan.
Seguidamente, añaden que “se utilizó la herramienta digital Paint que sirve para editar imágenes lo que se demuestra con fines comparativos que esta información no tiene valides ni certeza”.
Sanción en veremos
Cabe precisar que este informe pericial se encuentra en manos de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que deberá decidir si ratifica o no la suspensión provisional de Patricia Benavides por 6 meses.
Mientras ello no ocurre, la fiscal suprema Delia Espinoza seguirá con la investigación preliminar contra la extitular del Ministerio Público por cometer los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, encubrimiento personal y real, y falsedad ideológica.
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