El Tribunal Constitucional (TC) designó este jueves al excongresita Heriberto Benítez, acusado por asociación ilícita y encubrimiento real por el caso La Centralita, como asesor jurisdiccional (empleado de confianza) de su Gabinete de Asesores, según una resolución firmada por el magistrado Francisco Morales, presidente del máximo intérprete de la Carta Magna.
Después de evaluar su perfil, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano del TC encontró que el exabogado del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) cumplió “con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”, pese al pedido fiscal de 30 años de prisión que enfrenta por participar en presuntas campañas contra opositores de César Álvarez, exgobernador regional de Áncash.
Benítez, excandidato con Podemos Perú en las elecciones congresales 2020, ha sido imputado por asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y resistencia a la autoridad, por haber interferido en el allanamiento de un local de Chimbote, donde la presunta red criminal habrían planeado y ejecutado planes para campañas contra de opositores del gobierno regional de Áncash y del mismo César Álvarez.
Otros personajes vinculados con el caso La Centralita son el empresario Martín Belaúnde Lossio, extraditado de Bolivia en 2015; Dirse Valverde, presunto testaferro del exgobernador; Luis Arroyo Guevara y Milagros Asián, exabogado y cónyuge de Álvarez, respectivamente; así como el exoperador político José Cavassa y otros exfuncionarios del gobierno regional de Áncash.
En 2019, bajo la gestión del magistrado Ernesto Blume, el pleno decidió salir del referido consejo en defensa de su autonomía e independencia, ya que se debatirían diversas propuestas políticas de reforma legales y constitucionales y, eventualmente, cabría la posibilidad de que alguna de las instituciones involucradas no estuviera de acuerdo, por lo que entonces plantearía una demanda de inconstitucionalidad.
Fallo controversial
En diciembre pasado, el TC también ordenó la liberación del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteI DH) había ordenado lo contrario. El fallo restituyó los efectos al indulto otorgado en diciembre de 2017 por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski.
Posteriormente, la CorteI DH declaró en desacato al Estado peruano por esta excarcelación y recordó que había ordenado no implementar la gracia presidencial porque “no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional”.
Perú es el segundo país observado por el tribunal regional en los últimos años, después de Nicaragua, cuya administración no dio respuesta a varias comunicaciones ni cumplió con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
La opositora, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso Cócteles, por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
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