Grupos armados de Ecuador emplean armas de procedencia peruana: Gobierno solicita auditoría de material castrense

Una granada incautada en la operación de rescate en el canal TC de televisión tenía la insignia de las FF. AA. del Perú, según el despacho de un periodista ecuatoriano. El premier Alberto Otárola informó que Inteligencia investigará el caso

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Fuente: Latina

La incursión de un comando fuertemente armado al canal TC de televisión de Guayaquil (Ecuador) acabó este martes con la captura de trece encapuchados, a quienes se les incautaron armas, granadas y material explosivo, según el comandante general de la Policía ecuatoriana, César Zapata.

Después de que el comando interrumpió la programación en vivo, las fuerzas policiales de élite ingresaron a las instalaciones de la televisora y lograron liberar a todos los rehenes, que están sanos y salvos, excepto dos empleados que sufrieron heridas leves y son atendidos en un centro hospitalario.

“Según las palabras del general Herrera, tras varios minutos consiguieron que [los atacantes] entreguen las armas. Portaban armas recortadas correspondientes a guardias de seguridad, pistolas semiautomáticas, dos explosivos y una granada de utilización militar [...] con insignias de las FF. AA. de Perú. Esto nos da cuenta de que muchos de los grupos delincuenciales están trabajando con armas que son contrabandeadas desde Colombia y Perú”, dijo a la emisora.

Dina Boluarte convoca a reunión de ministros de emergencia por violencia en Ecuador. Canal N

De acuerdo con el despacho, “el armamento ya ha sido puesto a consideración de Fiscalía” e “ingresó a una cadena de custodia para procesar a las personas que protagonizaron el ataque” en un país asediado por grupos de delincuencia organizada, que reaccionaron con violencia al decreto de estado de excepción emitido el lunes por la administración del presidente Daniel Noboa.

Desde entonces, se han registrado estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles. La mandataria Dina Boluarte convocó a sus ministros a una reunión de urgencia para analizar la situación en Ecuador, nación con la que Perú comparte una porosa frontera de más de 1.500 kilómetros.

Consultado por el reporte de la prensa ecuatoriana, el jefe del Gabinete tuvo una respuesta breve: “Se está investigando y para eso también irá personal de Inteligencia”. Un día después, el ministro Chávez informó que ha solicitado una auditoría del material castrense a todos los institutos armados.

“Existe la presunta posibilidad de que algunos de esos explosivos hayan salido, en épocas pasadas, de los almacenes de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de munición. [...] Estamos a la espera de esas investigaciones, que se están llevando a cabo, para sancionar a los responsables de esos hechos en épocas pasadas”, expresó.

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El origen de la violencia

La violencia se disparó en la nación vecina hacia 2020 con la muerte del líder de ‘Los Choneros’, considerada por las autoridades de como una de las mayores bandas del país. Los grupos criminales están divididos, disputan el control territorial y forjan nexos con cárteles mexicanos, según una reseña la red transnacional de Ojo Público.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), institución encargada de las cárceles, admitió en 2021 la presencia de una guerra narco en el país, un punto estratégico en Sudamérica para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2022, un reportaje de Punto Final expuso, con base en un informe del Comando de Inteligencia ecuatoriano, que gran cantidad de armas, explosivos y municiones ingresaron de manera ilícita a Ecuador desde Tumbes, y acabaron en manos de la delincuencia, la minería ilegal e, incluso, de los grupos armados de Colombia.

Chávez dijo entonces que era muy probable que ese material haya salido de los arsenales de las FF. AA. del país, detalló que en el mercado negro las municiones de calibre 5.56 son vendidas por un precio elevado y no descartó que se trate de un eventual caso de corrupción.

“Eso debe conocerlo Inteligencia y debe tomar todas las acciones de manera operativa para impedir que se continúe respaldando al narcotráfico”, anotó en el dominical. Los reportes continuaron al año siguiente, cuando un documental de RTVE reveló que agentes policiales alquilaban sus armas a narcotraficantes de la Amazonía.

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