El 29 de diciembre del año pasado, la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se encuentra suspendida tras las revelaciones emitidas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) fue imputada de una acusación más en la que esta vez los afectados directos serían dos perioditas: el reglaje y chuponeo a hombres de prensa críticos sobre la institución.
Según lo detallado por la denuncia, durante su periodo a cargo del Ministerio Público, el fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, dispuso el inicio de acciones “de seguimiento y vigilancia en lugares públicos” en contra de los periodistas Juan Carlos Tafur, del medio web Sudaca; y César Romero, de La República. Todo ello en el marco de una investigación preliminar por organización criminal de carácter secreto del que ambos periodistas no tuvieron conocimiento hasta que esta se dio por finalizada el pasado 23 de noviembre.
Ante estas acusaciones, la misma Benavides emitió un pronunciamiento en el que descartaba haber tenido injerencia alguna en la orden de seguimiento ilegal emitida contra los dos hombres de prensa. En su carta negó tener “cualquier vinculación” que el medio “pretende atribuirle al vincularla a la decisión del fiscal Andy Gutiérrez Domínguez, que, como dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene completa autonomía sin interferencia alguna de su parte”.
El nexo entre Patricia Benavides y el fiscal acusado de reglaje a periodistas
Pese a estas precisiones emitidas por Benavides, el medio estableció una serie de hechos que ponen bajo cuestionamiento la injerencia de la suspendida fiscal en el reglaje a Tafur y Romero. Según la nota inicial, una vez que Andy Gutiérrez Domínguez salió del EFICCOP, la misma Benavides le encargó la conducción de una “fiscalía transitoria de ciberdelincuencia, recién creada”.
Como si este hecho no fuera suficiente, la presencia de Gutiérrez en el EFICCOP solo fue lograda mediante el nombramiento de Benavides, quien, según La República; lo promovió de Arequipa a Lima el 25 de julio del 2022, para luego pasar a conformar este equipo cuatro meses después; en noviembre de dicho año.
Ahora, en su respuesta a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dicho medio afirmó que la magistrada suprema “miente en su carta y tergiversa el procedimiento fiscal” por señalar “que los implicados pueden defenderse ante la fiscalía y dentro de la carpeta. Eso es imposible, es falso que nos podamos defender”, refiere Romero.
Insiste en no haber incurrido en negociaciones con el Congreso
Como respuesta al hecho objeto de cuestionamiento, la fiscal Benavides ha insistido en que lo afirmado por el medio “no cumple los estándares de veracidad”; por lo que ha presentado un escrito “ante la Junta Nacional de Justicia para desvirtuar completamente la patraña de afirmar que beneficié a muchos congresistas para obtener un voto a cambio”.
Cabe destacar que las aseveraciones de beneficiar a congresistas a cambio de votos corresponden a una imputación planteada por la tesis fiscal del EFICCOP. En esta, se detalla la injerencia de Patricia Benavides en los votos de casos cruciales y estratégicos como la elección del Defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos y los intentos del Congreso para realizar la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, misma entidad que en la actualidad la investiga por las acusaciones.
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