Es un hecho que 16 millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria, es decir, la mitad de la población no tienen acceso a alimentos suficientes para su desarrollo y crecimiento. Ante ello, ni el poder Ejecutivo ni Legislativo han tomado con responsabilidad el asunto para implementar medidas que sostengan la crisis alimentaria, cuestiona Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), en su columna para el diario La República.
Una reciente encuesta nacional revela que un alarmante 57% de peruanos indicó que sus familias dejaron de comer al menos un día durante los últimos tres meses, lo cual evidencia una agudización de la crisis alimentaria en Perú, informa Eguren. Esta cifra, correspondiente al mes de septiembre, muestra un incremento significativo respecto a los resultados de marzo (44%) y junio (46%) del mismo año. El escenario es aún más crítico en el ámbito rural, donde tres de cada cuatro hogares, o un 75%, reportaron una situación similar.
El presidente de Cepes detalla que la inseguridad alimentaria se ha intensificado desde el inicio de la pandemia en 2020, inicialmente debido a la propia emergencia sanitaria y la subsecuente respuesta estatal. Posteriormente, se sumaron factores globales: la crisis del transporte marítimo, la guerra entre Rusia y Ucrania que alteró el mercado de cereales y provocó escasez de urea, el incremento de los precios energéticos y la consiguiente inflación.
A todo ello, se juntaron con los eventos climáticos adversos que afectaron la producción de alimentos a nivel mundial. En Perú estos son los factores más graves para atender la problemática: falta de medidas de apoyo para agricultores perjudicados por la cuarentena, los estragos causados por el ciclón Yaku, El Niño Costero, problemas con la importación de urea y el debilitamiento de instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri).
Familias peruanas consumen menos alimentos
La reducción de ingresos de las familias impacta en la adquisición de alimentos de los hogares peruanos. Según reporta la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la disminución de recursos económicos, atribuida a factores como enfermedades, desempleo o desastres naturales, ha conllevado una menor ingesta de alimentos, con cerca de 2,1 millones de personas (6,3% de la población) recortando su consumo en el primer semestre de 2023. Esto representa la cifra más alta en al menos dieciséis años, excluyendo el periodo de la pandemia, indica un informe del IPE.
Además, el incremento de precios de los alimentos, particularmente agudo en los últimos dos años, ha impactado considerablemente a los hogares con ingresos bajos, según información del IPE. Este incremento afecta especialmente la compra de alimentos que son fuente de proteínas. En áreas urbanas, los hogares más vulnerables han disminuido en 14% su consumo de carne roja.
En las zonas rurales, se ha evidenciado una rápida disminución desde 2022, coincidiendo con la escalada inflacionaria en los precios de los alimentos. Este patrón de reducción en la alimentación se alinea con un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza extrema en Perú, resaltando la crítica situación que representa la inseguridad alimentaria, la cual, según define la FAO, significa la falta de “de acceso regular a alimentos inocuos y nutritivos suficientes para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable”.
Esta crisis pone de manifiesto la necesidad de intervenciones a nivel nacional para mitigar el efecto de la crisis económica en la nutrición y bienestar de la población más vulnerable.
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