Con la decisión del Congreso de aprobar por insistencia el proyecto de ley que limita la colaboración eficaz, los procesos en trámite se verán afectados. Uno de estos es el del exasesor de la suspendida Patricia Benavides, Jaime Villanueva. quien tras acogerse a esta figura ha declarado ante el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder sobre las coordinaciones presuntamente ilícitas de la exfiscal de la Nación con parlamentarios.
Una vez que la ley aprobada sea publicada en el diario oficial El Peruano, el Equipo Especial que lidera la fiscal Marita Barreto tendrá 8 meses para corroborar las declaraciones de Villanueva y celebrar el acuerdo de colaboración eficaz.
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Excepcionalmente, el plazo podrá prorrogarse por otros 8 meses, ya que se trata de una presunta organización criminal (en los otros casos, el aplazamiento solo de 4 meses). Expertos han advertido que este plazo es demasiado corto para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Y es que se trata de 3 decisiones parlamentarias en las que habría intervenido Patricia Benavides a través de sus allegados para obtener impunidad en investigaciones disciplinarias: la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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En los chats que entregó un congresista de identidad reservada, Villanueva revela coordinaciones con otros parlamentarios como Patricia Chirinos y legisladores de Acción Popular.
Cumplido el plazo establecido para desarrollar la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, el fiscal obligatoriamente presentará el acuerdo de beneficios —si es que lo llega a concretar— ante un juez de investigación preparatoria para el respectivo control y homologación.
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Otro cambio en la norma es que toda declaración del aspirante a colaborador eficaz deberá ser grabada. Voces afirman que esta modificación podría desincentivar a delincuentes arrepentidos por probables represalias en caso se filtre el material audiovisual.
Otros casos en riesgo
La colaboración eficaz es una figura a la que se han acogido diversos excolaboradores del expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción en su gobierno. Algunos casos son la lobbista Karelim López, el empresario Zamir Villaverde, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, la prima de Mauricio Fernandini, entre otros.
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La norma aprobada por el Congreso también afecta otros casos emblemáticos, como Los Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato. La procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, estimó que al menos 54 procesos de colaboración eficaz se verían perjudicados.
“La información que da el delator o el colaborador eficaz tiene que ser corroborada. Esa corroboración toma un tiempo, sobre todo en organizaciones criminales de carácter transnacional, por ejemplo, Lava Jato. Pero no solo Lava Jato, estamos viendo los casos de El ‘tren de Aragua’, que también es una criminalidad organizada que implica a países como Perú, Colombia y Venezuela, donde se necesita corroboración e información de esos países que debe ser traída a través de la (Oficina de) Cooperación Internacional”, declaró Carrión a RPP en junio de este año.
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En suspenso
Los congresistas de Cambio Democrático - Juntos por el Perú Ruth Luque y Roberto Sánchez presentaron una reconsideración sobre la votación con la que se aprobó el proyecto que debilita el proceso de colaboración eficaz. Como se recuerda, fueron 89 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
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