Desde hoy hasta el viernes 15 de diciembre, el Pleno del Congreso de la República evaluará —en un quinto intento— la posibilidad de implementar un nuevo plazo para las inscripciones y condiciones actualizadas de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Esto luego que la Comisión de Energía y Minas del Parlamento integrara recientemente en un solo dictamen cuatro propuestas legislativas provenientes de los grupos parlamentarios Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular.
Según la propuesta, el padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que permite a las empresas y negocios dedicados a la pequeña minería y minería artesanal formalizarse a fin de combatir la minería ilegal, ha establecido un nuevo plazo de hasta 90 días hábiles para que las empresas y personas involucradas en actividades de explotación minera o beneficio minero completen el proceso de inscripción.
Este período comenzará a contar a partir de la entrada en vigor de la nueva ley que regula el sector. Sin embargo, esta medida no será aplicable para las personas interesadas en inscribirse en Madre de Dios. La región donde, según un informe de Proyecto Prevenir de USAID, aproximadamente 46 mil 000 personas están involucradas en actividades de minería artesanal, que oscilan entre la ilegalidad y la informalidad en distintas zonas.
Asimismo, en el mismo departamento amazónico se ha identificado la presencia de al menos 3.500 equipos y artefactos utilizados para la extracción de oro.
¿Por qué el proyecto facilita el camino a los mineros ilegales?
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se constituye como una herramienta clave para la gestión de la pequeña minería y la minería artesanal en Perú.
Este registro, que incluye a empresas y negocios dedicados a la extracción y procesamiento minero dentro de estos sectores, ofrece un marco de operación legal que los exime de responsabilidad penal relacionada con prácticas de minería ilegal.
En tal sentido, existe un peligro concreto con la posible aprobación de este proyecto que el abogado especializado en materia ambiental César Ipenza explica con claridad:
En esa línea, el abogado enfatiza que la formalización de la pequeña minería y minería artesanal enfrenta un complejo desafío en la verificación de si quienes operan son mineros antiguos o nuevos. Esta situación pone en relieve la función del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como posible mecanismo de impunidad, al facilitar que mineros ilegales se presenten como informales, evitando así sanciones penales.
Minería ilegal avanzó como nunca en el 2023
Por otro lado, el especialista en materia ambiental recordó que, durante este año, el problema de la minería ilegal en el territorio nacional ha alcanzado niveles sin precedentes en el contexto de la crisis política y económica actual.
Dicho aumento se ve influenciado, entre otros factores, por el elevado precio del oro, que se mantiene por encima de los 2,000 dólares por onza (aproximadamente 31.1 gramos), señalando que la tendencia del mercado no indica una disminución en el valor del metal precioso. En otras palabras, la economía ilegal podría persistir en el futuro.
“No he visto una política clara en torno a la lucha de la minería ilegal de parte de ellos [Minem], todo lo contrario. En el pasado, han resistido y pretendido, de alguna manera, impedir o cuestionar que haya una lucha contra la minería ilegal”, agrega el abogado.
Congreso ya cuenta con respaldo del Minem
Tras la tragedia ocurrida en la región La Libertad, donde ocurrió la muerte de 10 trabajadores de la minera Poderosa, en la provincia de Pataz, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República anunció que se están tomando diversas medidas para frenar la minería ilegal en el país.
Dentro de aquel conjunto está “la depuración del Reinfo” para reforzar la legitimidad del proceso de formalización y asegurar que las actividades mineras se ajusten por completo a las regulaciones vigentes.
No obstante, a pesar que esto puede significar un paso cambio favorable, Ipenza recalca que el Gobierno aún debe plantearse preguntas sobre su capacidad de gestión en torno a esta problemática.
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