Dina Boluarte y Patricia Benavides, las mujeres más poderosas del país, se han enfrascado este lunes en un choque inédito a raíz de una presunta red criminal denunciada en la cúpula del Ministerio Público, un encontronazo que la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) ha comparado con una novela mexicana.
El origen de la línea divisoria entre la mandataria y la fiscal general, una de las primeras en visitarla tras la destitución y captura del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ocurrió esta mañana, cuando Jaime Villanueva, mano derecha de Benavides, fue detenido como parte de la operación ‘Valquiria V’ efectuada por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop).
Mientras se efectuaba el operativo, dos fiscales supremos pidieron la renuncia de Benavides, algunos congresistas comenzaron a pedir un adelanto de elecciones y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que puede cesarla, convocó a una sesión permanente para evaluar posibles acciones (al cierre de esta nota, la reunión seguía).
En medio de esos vaivenes, Benavides grabó un pronunciamiento en el que señaló que la investigación en la que está incursa es un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
“Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, dijo en una posible alusión a la jefa de Estado.
De igual modo, anunció que presentó una denuncia al Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, una acusación constitucional que también salpica a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.
Casi cuatro horas después, Boluarte se ubicó al lado de su Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno para señalar que esta denuncia es una “deleznable maniobra política” con la que Benavides pretende “distraer la atención” ante la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
La mandataria señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones”, aun cuando el viernes último fue notificada sobre la prolongación de la investigación para los próximos ocho meses. Asimismo, agregó que las investigaciones que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo “deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal”.
“Es evidente que la fiscal de la Nación busca desviar la atención al plantear una denuncia constitucional, sabiendo que la presidenta solo podrá ser investigada, más no acusada. Esta es una forma de eludir las acusaciones por actos de corrupción, que deberían llevar a la suspensión de Benavides por la JNJ”, señaló la congresista Flor Pablo.
“Es una pelea de mafias. Benavides ha blindado a Boluarte y Otárola todo este tiempo por su responsabilidad en las masacres. Y es claro que también hay pruebas de eso, como las hay con los negociados con el Congreso. La coalición antidemocrática no da más”, anotó la socióloga y exparlamentaria Indira Huilca.
Por el momento, el Congreso suspendió el pleno previsto para esta jornada, y durante los próximos días tendrá que debatir si procede la denuncia, una decisión que puede derivar en un nuevo choque entre poderes o una protección de la presidenta.
También está en el aire el futuro de Benavides: en caso de que no ceda a las presiones y dimita, podría ser cesada por la Junta Superior de Fiscales o por la JNJ, cuya permanencia de sus miembros pende de un hilo, después de un proceso sumario del Congreso que le atribuyó irregularidades.
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