Daniel Soria rompe su silencio tras ser suspendido de la Procuraduría: “Es una medida arbitraria”

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, calificó como arbitraria la medida interpuesta por el Ministerio de Justicia (Minjusdh) de suspenderlo indeterminadamente de su puesto y señaló que a partir de hoy, viernes 24, ya no puede ejercer funciones, como presentar denuncias contra altos funcionarios.

La resolución a la que accedió Infobae Perú lleva las firmas de Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos; Walther Iberos, viceministro de Justicia; y Tiberio Robles, jefe de la Oficina General de Administración; quienes integran la comisión ad hoc a cargo del procedimiento disciplinario contra Soria.

¿Por qué fue suspendido el procurador Daniel Soria?

Según señaló a su salida del Mnjusdh, esta medida obedece a un proceso sancionador de destitución por, supuestamente, no haber cumplido con el requisito de trayectoria que exigía la entidad cuando fue designado en 2020.

Asimismo, adelantó que el “supuesto (sic) sustento” de esta apertura de procedimiento de destitución sería un informe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia, adscrita a la Contraloría General de República, de septiembre de este año, que se remite al informe de enero del 2022, que es el que señaló originalmente que no cumplía los requisitos y por el cual fue cesado en la primera oportunidad.

Tras ser notificado de la suspensión, el procurador Soria lamentó su salida, pero reafirmó que la medida generará una grave situación en la Procuraduría General del Estado (PGE), que se va a ver afectada por esta situación.

Investigación contra Boluarte

La Procuraduría a la que perteneció Soria ha sido la parte más activa en la investigación que se le sigue a la presidente Dina Boluarte y al premier, Daniel Otárola, por las muertes en las protestas durante su gobierno.

Cumpliendo su rol en defensa jurídica del Estado, los abogados de la Procuraduría han estado presentes en las diligencias del caso. Incluso, Soria interpuso una tutela de derechos ante la Corte Suprema luego de que la Fiscalía no les permitiera participar ni muchos menos interrogar a los investigados.