La presente nota fue publicada en noviembre de 2023, cuando el nuevo primer ministro Gustavo Adrianzén se desempeñaba como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha oportunidad, protagonizó un lamentable exabrupto frente a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.
Una mujer increpó al embajador Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que evaluó el seguimiento de las recomendaciones del informe final sobre las muertes en protestas.
“Ustedes mienten, él está mintiendo”, dijo una mujer presente en la sesión luego de que Adrianzén culminó su intervención, en la que aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte no tiene una política de violación de derechos humanos.
En respuesta, el representante permanente de Perú ante la OEA advirtió que la representación peruana se retiraría de la audiencia si los regaños continuaban. No obstante, luego tuvo una lamentable reacción al responsabilizar a los ciudadanos de las muertes en las manifestaciones antigubernamentales.
“Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, ellos son los violentos”, dijo Adrianzén, de manera alterada.
“Dina Boluarte tiene que irse, tú también. Ellos (deudos de las víctimas) dicen la verdad”, le respondió la mujer. También vociferó duros calificativos e insultos en contra del embajador peruano.
Llamado de atención
El comportamiento de la mujer y de Gustavo Adrianzén fue comentario del comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, quien hizo un llamado al “orden, a la diplomacia y a la cordialidad”.
“Este es un diálogo diplomático, de alto nivel, que no se puede dar en el contexto de expresiones de violencia, de insultos ni de reclamos que están por fuera del objeto de esta audiencia. Así que a todos los presentes hago ese llamado a mantener las formas diplomáticas y las formas del diálogo. Las audiencias son espacios de intercambio y de diálogo, no de gritos, violencia, ataques y acusaciones personales o institucionales”, dijo el conservador y exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia.
Al final de la audiencia, Adrianzén hizo uso de la palabra para “lamentar los sucesos ocurridos, profundamente”.
Investigar, reparar y sancionar
En la audiencia intervinieron representantes de la sociedad civil. Inició Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En su exposición dijo estar “muy preocupada por la erosión de las instituciones democráticas y el estado de derecho en Perú”.
Reggiardo agregó que la recomendación de la CIDH de fortalecer el sistema judicial y el sistema electoral “ha sido totalmente ignorado por el estado peruano” a raíz de los ataques del Congreso contra organismos constitucionales autónomos. Dio como ejemplos la elección poco transparente de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la arbitraria inhabilitación de Zoraida Ávalos y la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia.
“El gobierno de boluarte es cómplice” del Parlamento, alegó la representante del CEJIL.
A su turno, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, dio cuenta de las falencias en el Equipo Especial de la Fiscalía para las muertes en protestas y el “ánimo obstruccionista” de las fuerzas del orden al no entregar la información sobre los planes operativos.
Le siguió Ketty Marcelo Lopez, representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), quien advirtió de las estigmatizaciones de tinte subversivo desde voces oficiales.
También estuvieron presentes en la audiencia víctimas y deudos de los fallecidos en las manifestaciones. Tal es el caso de Nelson Oré Espinoza, joven herido de bala en las protestas en Ayacucho.
“No querían asustarnos, querían asesinarnos”, dijo Oré. Agregó que el estado peruano no ha cumplido con aplicar las recomendaciones. “Pedimos que la CIDH nos acompañe hasta el final”.
Luego intervino Dany Quispe Rojas, padre de un joven asesinado en diciembre de 2022 en Andahuaylas.
“Hay varios responsables: Boluarte, Otárola, jefes militares. Pero hasta ahora no hay procesos. En Andahuaylas no hay porque han cambiado de fiscales. (...) El dinero no repara la pérdida de una vida”, expresó.
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