Hace aproximadamente cuatro meses una investigación periodística de El Comercio expuso que perros de raza american bully eran adiestrados y mutilados a fin de que participen en peleas clandestinas, así como expuestos al uso de anabólicos para fortalecer su masa muscular y así potenciar su fuerza. No solo eso sino que criaderos ilegales roban canes de albergues para que los agresivos ‘entrenen’ a costa de sus vidas.
Ante ello, el exregidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlo Angeles, envió una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el objetivo de que inicien las pesquisas fiscales por el delito de maltrato animal cometido por estas mafias.
Su pedido fue respondido poco más de cuatro meses después, según confirmó. Y es que este 21 de octubre fue notificado por el Ministerio Público del inicio de la investigación fiscal y la apertura de una carpeta.
Así, la fiscal provincial María del Pilar Salazar Ventura, del Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María del distrito fiscal de Lima dispuso que los agentes policiales de la Depincri del Cercado de Lima inicien las diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de daños, actos de crueldad contra animales domésticos, en agravio de la sociedad.
La disposición fiscal señala que el plazo para estas investigaciones será de 60 días, por lo que ordena que se reciba las declaraciones del denunciante Carlo Ángeles, “a fin de que precise de forma detallada los hechos materia de denuncia”, así como la del periodista Juan Pablo León, autor de la investigación que expuso las acciones de la red criminal que expone a los perros en peleas conocidas como ‘game dog’.
En su denuncia Ángeles expuso que se estarían robando perros de albergues y refugios para ser utilizados de ‘sparring’ de perros de pelea. Asimismo se estarían vendiendo y utilizando medicamentos no autorizados para perros, para fomentar su agresividad y desarrollo muscular, así como mutilaciones de rabo y orejas para que tengan una apariencia más agresiva algunas razas de perros, pese a que esto está prohibido por la Ley de Bienestar y Protección Animal.
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