Los argumentos de Alberto Otárola ante la OEA para deslindar responsabilidad del gobierno por muertes durante protestas

Disparos con armas de guerra, balazos zonas superiores y vitales del cuerpo, lanzamiento de lacrimógenas a madres con niños, tiros contra menores de edad que no participaban en protestas son algunas de las imágenes que las fuerzas policiales y militares dejaron durante el manejo de las jornadas de protestas antigubernamentales que se sucedieron entre diciembre del año pasado y marzo de este 2023. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y la ONU coincidieron en sus informes que el gobierno desplegó una maquinaria de uso excesivo de la fuerza y que los agentes del orden cometieron graves violaciones contra los derechos humanos.

Aún así, la presidenta Dina Boluarte, como el premier Alberto Otárola constantemente han responsabilizado de las muertes a los propios manifestantes, así como infiltraciones de grupos terroristas como remanentes de Sendero Luminoso o que las movilizaciones en regiones han sido financiadas por grupos ilícitos como mineros ilegales o narcotraficantes. Sin embargo, hasta la fecha estas afirmaciones no han sido probadas, incluso el relator especial para la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó que no se reportaron evidencias de que los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales fuesen terroristas o hayan sido azuzados.

Pues bien, este miércoles 18 de octubre, el primer ministro Alberto Otárola, durante su presentación ante la Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró que el Gobierno respalda las investigaciones para dar con los responsables de las muertes durante las protestas de diciembre del 2022; sin embargo, una vez más se refirió a que los manifestantes fueron convocados por grupos extremistas.

“El Estado peruano mantiene firme el compromiso, como lo expresado nuestra presidenta, de implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana en especial a aquellas referidas a la necesidad de investigar los hechos que causaron lamentablemente la muerte de decenas de compatriotas en la jornada de protestas de 2022 y enero del 2023, las cuales se desarrollaron, a decir de la propia CIDH, en un escenario de violencia generalizada alimentado por grupos extremistas ajenos a quienes realizaban protestas pacíficas”, dijo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, señaló que él y la mandataria Dina Boluarte cooperan con las investigaciones fiscales que desarrolla la Fiscalía por el alto número de muertes ocurridos durante las protestas.

“Expresamos la decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la mía de colaborar con las investigaciones que viene efectuando de forma independiente y sin interferencias en Ministerio Público. Podemos asegurar que no habrá impunidad para los que resulten responsables”, dijo el alto funcionario del gobierno.

Sin embargo, una vez más la presidenta evitó responder a las preguntas de la Fiscalía durante la audiencia desarrollada el último 28 de septiembre. Durante su última citación en la sede central del Ministerio Público decidió guadar silencio ante las interrogantes de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), así como a la defensa de los deudos de los fallecidos.

Así, poco más de diez meses después de ocurrida la primera muerte la presidenta ha dicho muy poco para responder por la acusación del delito de homicidio, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Un nuevo informe de la ONU, específicamente de la Oficina de Derechos Humanos, determinó que la mayoría de las protestas que se desarrollaron en el Perú se dieron de forma pacífica, pero el Estado aplicó “la detención de manifestantes y el uso de fuerza letal y menos letal para dispersar a los manifestantes”.