Este viernes 20 de octubre, a partir de las 3 p.m., en el Congreso de la República, se realizará la instalación de la mesa de trabajo para analizar el Proyecto de Ley 5496/2022-CR.
La iniciativa legislativa impulsada por el congresista piurano José Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú, que pretende formalizar a más de 2.000 embarcaciones ilegales, ya que el proceso para regularizar su permiso de pesca definitivo, a través del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa II), a cargo del Ministerio de la Producción, culminó el pasado 31 de julio.
De acuerdo al oficio, el encuentro distendido espera contar con la participación del secretario general del Sindicato de Pescadores de Consumo Humano Directo y de Menor Escala de Pesca de Anchoveta de la Región Áncash, Pedro Huamayalli Oliva, con el propósito de dialogar con los mismos involucrados que quedaron fuera del proceso de formalización, así como tratar sus principales beneficios.
En el documento no se ha convocado a más organizaciones de pesca artesanal. Esto pese a que, desde agosto, más de 40 asociaciones, que representan una cifra mayor a 12 mil pescadores y dueños de embarcaciones, enviaron cartas al Poder Ejecutivo y Legislativo para dar a conocer de manera contundente su posición de rechazo hacia la propuesta normativa.
Dentro de este conjunto está la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), la Federación de Pescadores Artesanales – Región Grau (Fepear), la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivos de Cortina, Pinta y Espinel de Tumbes. Esta última reúne a cerca de 16 asociaciones del sector en dicha región. Asimismo, se incluyen las firmas de cinco asociaciones de pescadores de los departamentos de Piura, Arequipa y Lambayeque.
Cabe resaltar que el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se han pronunciado en contra, así como la Asociación Extranjera de Importadores de Calamar.
¿Por qué están en contra?
De acuerdo al análisis elaborado por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), organización gremial que agrupa a las principales empresas que proveen alimentos pesqueros y acuícolas al Perú y al mundo, la iniciativa legislativa afecta principalmente la estabilidad jurídica y la sostenibilidad de las pesquerías costeras.
Pues, no solo se estaría permitiendo el ingreso de una flota ilegal, sino también validaría la construcción de embarcaciones construidas recientemente, lo que significa aumentar más el esfuerzo pesquero en el litoral peruano, colocando en alto riesgo el ordenamiento pesquero; es decir, que no se ejecuten correctamente las normas emitidas por el Ministerio de Producción (Produce).
Y, por otro lado, impacta en el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos, contribuyendo a la sobreexplotación o depredación de los territorios marítimos.
En esa misma línea, los voceros en contra han recordado a la opinión pública que las embarcaciones pesqueras artesanales tuvieron más de siete años de plazo para completar su formalización ante Produce. Sin embargo, estas no lograron formalizarse debido a que no pasaron la inspección de verificación y no presentaron sus planos ante las autoridades competentes.
Cabe recordar que los argumentos de la industria han sido suscritos y respaldados a su vez por la Mesa Redonda Mundial sobre la Cadena de Suministro de Calamar (RSG) y PanaPesca USA, la empresa líder en Italia en cuanto a los productos pesqueros de todo el mundo.
En el marco de la búsqueda de la aprobación del proyecto de ley de Pazo, dichas posiciones tiene un significado importante, puesto que se trata de un caso único en el que la industria y los pescadores artesanales están en contra.
Pescadores denuncian intereses ocultos de congresista Pazo
A los reclamos de cientos de pescadores artesanales, también se han sumado las críticas y acusaciones al congresista José Bernardo Pazo Nunura.
“Demandamos que el congresista Pazo y su familia son propietarios de embarcaciones de la Ley 26920 y de menor escala e, incluso, propietarios de un astillero, por lo que debe abstenerse de promover este tipo de iniciativas que muestran un evidente conflicto de intereses”, declararon en su pronunciamiento.
Las embarcaciones referidas son, de acuerdo a registros públicos, Inversiones del Mar Chicama, inscrita en 2013, y Astilleros Navales del Pacífico, asentada en 2016. Por ello, de aprobarse el proyecto de ley de Pazo, sus familiares dedicados al sector pesquero se verían beneficiados.
En ese sentido, los afectados exhortaron a la Comisión de Producción y Pymes del Congreso, cuya función es defender la producción nacional, la actividad pesquera y de las micro pequeñas empresas en materia normativa, a dejar sin efecto la iniciativa impulsada por el parlamentario.
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