La presidenta de la República, Dina Boluarte, partió la madrugada del miércoles a Europa para desarrollar una serie de actividades. Alemania, Italia y Ciudad del Vaticano serán sus destinos. Precisamente, la Santa Sede será su última parada cuando se reúna este sábado 14 con el Papa Francisco, quien accedió a darle una audiencia tras meses de resistencia por la grave crisis política que vive el Perú desde hace meses.
Los familiares de las más de 60 personas fallecidas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año enviaron una carta a la Nunciatura Apostólica de Lima para que, a su vez, la remita al Sumo Pontífice con el fin de pedirle que no reciba a Boluarte Zegarra en unos días porque buscaría limpiar su imagen ante la comunidad internacional.
En la misiva se recuerda que el Perú ha “vivido momentos muy duros de dolor y muerte” desde el 7 de diciembre pasado cuando Boluarte llegó al Ejecutivo tras el fallido autogolpe de Estado del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Se hizo énfasis en que el régimen de Boluarte ejerció una violenta represión que provocó que indígenas quechuas y aimaras resulten asesinados y heridos solo por protestar en las calles. “La cruenta represión también ha dejado seis menores de edad asesinados, mil doscientos heridos y cientos de detenidos en las cárceles peruanas”, señala.
Los deudos citan la encíclica Fratelli Tutti que dice que “la buena política une al amor, la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo, y se funda en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas”.
“La visita oficial anunciada por Dina Boluarte a su Santidad no es acorde con la buena política señalada por la Iglesia”, sostienen.
Por último, exigen que es “necesario avanzar en la búsqueda de justicia para que el pueblo peruano fiel en la fe en Cristo encuentre una luz entre las tinieblas, recuperando la esperanza en un mañana mejor”.
La misiva lleva las firmas de Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y víctimas de los fallecidos del 9 de enero en Juliaca (Puno); Ruth Bárcena Rojas, presidenta de la Asociación de Familiares de los asesinados y heridos del 15 de diciembre del 2022 en Huamanga (Ayacucho), y de Danny Quispe Rojas, presidente de la Asociación de Familiares de víctimas y agraviados en las protestas del 11 de diciembre del 2022 en Andahuaylas y Chincheros (Apurímac).
Otras personas que también aparecen son Gisela Ortiz Perea, familiar de los estudiantes asesinados del caso La Cantuta; Magno Ortega Quispe, presidente del Comité de Lucha Transitorio del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa); German Alejo Apaza, exgobernador regional de Ayacucho; Raúl Noblecilla, abogado del congresista Guillermo Bermejo, entre otras personas.
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