Martín Vizcarra no se arrepiente de haber cerrado el Congreso hace cuatro años: “Jamás fue una medida improvisada”

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) reiteró que no se arrepiente de haber dispuesto la disolución del Congreso de la República hace cuatro años. Indicó que su decisión no fue improvisada y enfatizó que se dio en medio de una grave confrontación política que tenía con la oposición, cuya mayoría estaba liderada por el fujimorismo.

“No me arrepiento porque jamás fue una medida improvisada la que se tomó el 30 de septiembre. Fue producto del devenir de una confrontación entre dos poderes del Estado de tres años, que finalmente llegó a su punto máximo de confrontación ese día”, mencionó a RPP Noticias.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo reconoció que no quería llegar a ese escenario de la disolución congresal. Incluso, recordó que el 28 de julio del 2019 propuso durante su mensaje a la Nación un proyecto para adelantar las elecciones generales que, al final, terminó archivado en la Comisión de Constitución, donde la presidenta era la exparlamentaria Rosa María Bartra (Fuerza Popular).

“Nosotros queríamos evitar que se llegue a ese extremo de cerrar el Parlamento. Dos meses antes, en el mensaje a la nación, propongo al Congreso, ante la situación difícil de confrontación, decirles ‘vámonos todos’”, manifestó.

El exmandatario aseguró que jamás se le cruzó la idea de capturar otras instituciones públicas como sucedió el 5 de abril de 1992 con el autogolpe de Estado del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000). Refirió que su medida estuvo dentro del marco de la Constitución Política.

“Se hizo un respeto irrestricto al artículo 134 que dice precisamente. El término que se usa aquí es: ‘el presidente está facultado para disolver el Congreso’. La palabra trae malos recuerdos para muchos peruanos porque en esa oportunidad se cerró e intervino el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislativo. Aquí se ha respetado a todas las instituciones”, anotó.

Finalmente, el exjefe de Estado anotó que los dos Parlamentos que sucedieron al que cerró en el 2019 fueron muy malos para la ciudadanía. “Estos dos Congresos siguientes son igual de malos, porque no se han hecho las reformas políticas que se requieren para que podamos elegir mejores representantes”, manifestó.

El líder de la agrupación Perú Primero fue vacado en noviembre del 2020 luego que se conocieran actos de corrupción que se registraron durante su periodo como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 al 2014. Actualmente, la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Denuncia constitucional

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el cierre del Parlamento en 2019. Su acusación también apunta contra los exmiembros del gabinete liderado por Salvador del Solar por los presuntos delitos de “aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal”. Solicitó que sean inhabilitados diez años de la función pública.

“Se puede determinar que el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el expresidente de Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe y su gabinete, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, al haber hecho una cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva del Congreso dela República y al haber pretendido interpretar una supuesta “denegación fáctica” a una cuestión de confianza y dar legalidad a un inconstitucional cierre del Congreso de la República, habrían cometido infraccionesconstitucionales e ilícitos tipificados en el Código Penal”, detalla el documento.

La medida de Chirinos también incluye al excongresista Gino Costa y a los exmagistrados del TC, Eloy Espinoza Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda, quienes rechazaron el recurso planteado por Pedro Olaechea, extitular del Parlamento, contra el cierre constitucional de este poder del Estado por parte de Vizcarra hace cuatro años.