El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó que la institución que lidera se haya debilitado tras la renuncia de los adjuntos Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) y Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), entre junio y setiembre de este año.
En declaraciones a la prensa desde Pucallpa, Gutiérrez Cóndor rechazó las especulaciones sobre algún copamiento en la Defensoría y se dirigió a quienes “por accidente” llegaron a ser titulares de dicha entidad.
Aunque prefirió no precisar nombres, los únicos primeros adjuntos que asumieron la titularidad de la Defensoría del Pueblo son los exdefensores interinos Walter Albán, Eduardo Vega Luna y Eliana Revollar. De este grupo, los dos primeros han formulado serios cuestionamientos contra la gestión de Josué Gutiérrez.
Josué Gutiérrez da detalles sobre renuncia de adjuntos
En otro punto de sus declaraciones, el defensor Josué Gutiérrez aseguró que “a ningún adjunto se le ha ratificado tras asumir”, sino que les comunicó que sus cargos estaban en constante evaluación.
“A la única que le he pedido que pueda dimitir de su cargo fue a la primera adjunta. El resto renunciaron, algunos se fueron quedando. La tranquilidad de la institución por dentro es que estamos promocionando a profesionales que tienen larga trayectoria en la Defensoría”, señaló.
En referencia a la modificación del clasificador de cargos de la institución, Gutiérrez Cóndor alegó que este cambio responde a una disposición de la Ley 31419, ley para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Aseguró que el cuestionamiento respecto a un direccionamiento para contratar a Elizabeth Zea es “otra insinuación perversa de maldad”.
“Eso solamente puede salir de una mente malvada, de una mente perversa. Yo reto a que me demuestren que fuera así. El cumplimiento de la ley no es una liberalidad de cualquier funcionario, el cumplimiento de la ley es una obligación más de la Defensoría del Pueblo. Si hay una ley de idoneidad donde ordena que todas las instituciones deben adecuarse, ni siquiera el defensor interviene, es el órgano administrativo el que ve la aplicación de esa norma. (...) Que cuestionen al que hizo la ley finalmente, no a la Defensoría que está cumpliendo la ley, eso es perverso. Eso es maldad, eso es dañar la imagen de la institución y yo no estoy dispuesto a permitirlo. Y voy a ir a donde sea que tenga que ir para demostrarles al país”, protestó.
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