María Cordero evadió, por tercera vez, citación por recorte de sueldo a trabajadores

La legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión por el recorte de honorarios a sus trabajadores, evadió por tercera vez una citación obligatoria a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que tiene a cargo la denuncia en su contra.

A través de un oficio remitido este viernes a la presidenta del grupo parlamentario, Lady Camones (Alianza Para el Progreso), la imputada adujo que presentaba problemas de salud y requirió prorrogar la sesión, programada para el mismo día en que ingresó su documento, “a fin de poder ejercer [su] derecho a la defensa”.

La primera reprogramación ocurrió en junio pasado, cuando la investigada adujo un cambio de abogado. Para la sesión de esta jornada, que finalmente fue trasladada “por última vez” para el jueves 21 de septiembre desde las 7:00 horas, solicitó el link de la cita, pero tampoco se presentó de manera virtual.

Camones indicó que, tal como estipula el Reglamento del Congreso, la audiencia se realizaría incluso ante la falta de Cordero y cedió la palabra a Martha Moyano (Fuerza Popular) para que fundamente la denuncia constitucional.

“Para no dar pretextos a la defensa respecto de la denuncia, siendo yo miembro ahora de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, me voy a detener ahí, solo señalando en qué aspectos presenté la denuncia y esperando que continúe”, dijo al presentar su inhibición.

El economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, compartió una serie de audios y fotografías hasta ahora desconocidos, ante la negativa de la congresista de acudir, de igual modo, a las citaciones del Ministerio Público, que le abrió una investigación preliminar en abril pasado y la convirtió en la quinta legisladora procesada por presuntos cobros irregulares dentro de su despacho.

Luego del testimonio, Fuerza Popular pidió que Cordero sea sancionada y retirada de todas las comisiones, anunció que seguiría adelante con un proceso de expulsión y pidió que sea destituida e inhabilitada durante diez años por corrupción.

“Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era de que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, señaló Cabrejos.

En otro momento, mencionó que los asalariados debían costear la estadía durante la semana de representación en la región norteña y que, en algunas ocasiones, él mismo fue obligado a realizar funciones ajenas para las que había sido contratado. “Entre todos pagábamos sus gastos para que ella no gaste nada. El sobrante, que había que devolver al Congreso, ella lo pedía [...] Yo la llevaba de compras, a recoger ropa, al salón de belleza”, denunció.