
El Sistema de Naciones Unidas en Perú comunicó que se encuentra preocupado porque el Congreso de la República aprobó que se investigue a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Como se sabe, el pleno del Parlamento votó a favor de que se lleve a cabo una investigación preliminar contra los siete integrantes de este ente judicial.
Con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, en el Congreso, se dio luz verde para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realice una investigación sumaria. En ese sentido, los integrantes de la JNJ serán indagados por causa grave durante 14 días. Luego de este periodo, se presentará un informe con los resultados.
Cabe resaltar que la Junta Nacional de Justicia se encarga de nombrar a los jueces, fiscales y magistrados de las entidades electorales.
Para las Naciones Unidas es preocupante que el Congreso haya aprobado la investigación porque evidencia que en el Perú no se viene respetando la separación de poderes.
Es por esto que su pronunciamiento lleva el título ‘La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena’.
En esa línea, la entidad explicó que uno de los principios básicos de la organización, aprobado en la Asamblea General, es que todas las entidades del gobierno respetarán “la independencia de la judicatura”.
También hicieron énfasis en que el artículo 43 de la Constitución Política del Perú se indica que el gobierno peruano se organiza a través de la separación de poderes (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial).
Añadieron que solo respetando este principio “se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”.

Investigarán a JNJ
La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, fue quien presentó la moción que busca investigar a los miembros del JNJ.
En principio, la propuesta solicitaba que se investigara a los miembros durante 7 días. Pero la congresista fujimorista Martha Moyano pidió ampliar este plazo a 14 días hábiles.
Por esto, los miembros del JNJ pueden ser removidos. Se trata de Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.
La mayoría de parlamentarios votó a favor de que se les investigue por un conjunto de acciones que emprendieron.
Uno de ellos fue pronunciarse acerca del proceso de antejuicio y juicio político hacia la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
También pueden ser destituidos por supuestamente haber influenciado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se pronuncien a favor de Zoraida Ávalos.
Otra razón por la que serán investigados es la forma en como interpretaron el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú, que habla sobre el límite legal de edad para el acceso a la JNJ.
Los magistrados son cuestionados además por incumplir con la presentación del informe anual ante el pleno del Parlamento.
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