El Congreso de la República busca destituir a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De acuerdo a la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, estos han convertido en una “herramienta política” a la institución autónoma. Sin embargo, diversas instituciones han advertido que esta intervención vulnera el orden democrático. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que esta decisión pone la democracia en riesgo.
Arana Yza es el nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUDSH). El funcionario, denunciado por violencia contra la mujer y sentenciado por pensión de alimentos, juró como nuevo integrante del Gabinete Otárola. El letrado apareció en medios de comunicación para pronunciarse acerca de la supuesta investigación que enfrenta la JNJ de parte del Parlamento peruano.
Se trata de una situación considerada ‘preocupante’ para organizaciones nacionales e internacionales, pues la intervención del Legislativo en las decisiones de la institución vulnera su principio de autonomía y orden democrático.
“La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, dijo mediante un comunicado el Sistema de Naciones Unidas (ONU).
En medio de este conflicto entre instituciones, el nuevo titular del MINJUSDH se presentó ante RPP Noticias y afirmó que el Ejecutivo considera que la democracia está en riesgo con este tipo de iniciativas.
“Lo hemos conversado con el premier, el doctor Alberto Otárola, y es de preocupación. Respecto a esta investigación, consideramos que las instituciones y la democracia puede estar, por un lado, en riesgo. Y, por otro lado, porque creemos que los organismos constitucionalmente autónomos deben ser protegidos”, explicó.
El funcionario pidió al Poder Legislativo que dirijan esta investigación “dentro de los cánones constitucionales”. “El Ejecutivo y el ministerio que tengo a cargo son respetuotos de las atribuciones y competencias del Congreso de la República. En segundo lugar, consideramos que las razones que llevan a una investigación de este tipo deben estar basadas en fundamentos que tengan validez constitucional y validez jurídica”, agregó.
Ministro denunciado por violencia contra la mujer
Este miércoles, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a seis nuevos ministros de Estado. La jefa de Estado retiró del cargo a Daniel Maurate y, en su lugar, nombró a Eduardo Melchor Arana Yza. Las críticas en contra de esta designación comenzaron a surgir tan pronto como se revelaron perturbadoras revelaciones sobre el pasado del nuevo ministro.
La polémica se desató cuando se hizo público que Arana Yza había amenazado de muerte a su expareja en el pasado. Este incidente se remonta al año 2011, cuando la víctima acudió a una comisaría para denunciar el abandono de hogar por parte del ahora ministro. Según el parte policial al que accedió Canal N, Arana Yza habría proferido una amenaza al decir que la víctima “podría quedarse muerta en cualquier sitio”.
Además de esta, la expareja también informó sobre una serie de problemas que surgen cuando Arana Yza deja el inmueble que ambos compartían. La gravedad de estos hechos ocasionó que el caso llegue hasta la Fiscalía de la Nación. Actualmente, el caso se permanece con dictamen.
Sentenciado por alimentos
Según el diario El Comercio, en el 2010 llegó una denuncia al Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima Este por falta de pensión alimenticia. En el marco de esta denuncia, se dictaminó que Eduardo Melchor Arana Yza debía pagar una pensión de S/ 400.
Además de la orden de pagar la pensión, la entidad judicial también emitió una orden de embargo sobre su sueldo, la cual fue notificada a la institución educativa donde Arana trabajaba. Adicionalmente, se le impuso una restricción de salida del país, ya que la entidad consideró que la sentencia original no garantizaba el cumplimiento de las próximas pensiones alimenticias.
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