La Comisión Agraria aprobó por unanimidad este jueves un informe de opinión que la Comisión de Constitución había solicitado para que le otorgue facultades legislativa al gobierno de Dina Boluarte en materia agraria. Fueron 14 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.
El pedido planteado por el grupo de trabajo liderado por la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular) consistía en si era constitucional que el Poder Ejecutivo pueda fortalecer el seguro agrario e impulsar la industria petroquímica para la producción de urea y fertilizantes.
Estos dos temas habían sido planteados por la presidenta Boluarte en su mensaje por Fiestas Patrias. “Esa es mi promesa al pueblo peruano y ese será mi legado: garantizar que el gas natural sea para todos y todas; lograr que las familias peruanas cocinen, limpien y produzcan utilizando la riqueza del gas natural de este territorio”, señaló la mandataria hace un mes.
Incluso, la actual titular del Midagri, Nelly Paredes, sostuvo que esperan que esta obra entre en funcionamiento antes del 2026.
“La idea es producir fertilizante y que el costo de la urea baje y sea accesible en el costo. (...) Con el Ministerio de Energía y Minas hay coordinaciones para iniciar un trabajo técnico. La idea es que esta planta produzca urea, que el costo baje y sea accesible a nuestros hermanos del campo. Por primera vez tendríamos una planta de producción inorgánico”, indicó.
En esa línea, señaló que esperan que al finalizar el 2023 puede haber “una respuesta concreta” de las características de esta planta.
Argumentos
Durante el debate de los miembros de la Comisión Agraria, los legisladores Marley Portero (Acción Popular) y Edwin Martínez (No Agrupado) señalaron que el Gobierno de Boluarte no debe pedir permiso y por el contrario debe ejecutar las obras.
Por su parte, la legisladora Jessica Córdova (Avanza País) enfatizó que la aprobación del informe de opinión es para que el Ejecutivo realice proyectos en beneficio de los agricultores, quienes pasan por una terrible situación debido a las consecuencias dejadas por el fenómeno del Niño Costero que se presentó en marzo pasado en el norte del país.
Los únicos legisladores que se mostraron en contra fueron Flavio Cruz, de Perú Libre, y Sigrid Bazán, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
El informe aprobado en la Comisión Agraria pasará a Constitución, donde se comenzó a debatir el pliego de pedidos expuesto por el primer ministro Alberto Otárola el pasado 29 de agosto.
“Nuestro propósito es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia; 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y 1 sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones”, dijo el jefe del gabinete.
Otárola Peñaranda agregó que para orden y seguridad, el presupuesto incrementará 1.871 millones de soles, es decir un 13% adicional para combatir la delincuencia. Mientras que para la lucha contra el crimen organizado se destinarán 6.25 millones de soles para seguridad e investigación; y 596 millones de soles a la lucha contra el narcotráfico.
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