La caída de Michael Urtecho, el excongresista que representó a las personas con discapacidad y ahora pasará 22 años en prisión

“Yo aprendí, por la vida que he tenido, que ha sido muy difícil y dura, que existe una ley que todo ser humano debe aplicar, que es que uno cosecha lo que siembra”, contó Michael Urtecho en una entrevista dada al programa cinco minutos hace más de 10 años, cuando aún no se destapaban las graves acusaciones en su contra.

“Yo no lo recuerdo, pero mi madre dice que siempre quise ser congresista”, reveló en el desaparecido espacio congresal llamado Conociéndote. Luego de recibirse como ingeniero químico en la Universidad Nacional de Trujillo, donde —según cuenta— sus compañeros debían cargarlo hasta los laboratorios en el segundo piso y pasar por otros obstáculos por su condición de atrofia muscular espinal, postuló al cargo.

Primero, por el Movimiento Avancemos y luego por Alianza Electoral Unidad Nacional, sin mayor éxito, hasta que, en el tercer intento y con 26,712 votos, consiguió ser parte del periodo parlamentario 2006-2011, apoyado por personas que, en una situación parecida, lo vieron como la esperanza de mejorar su calidad de vida a través de la promulgación de proyectos de inclusión social.

En el camino, el legislador renunció a su bancada y se afilió a la agrupación Alianza Solidaridad Nacional, conformada por tres congresistas de Solidaridad Nacional. Debido a su popularidad, fue reelecto en el siguiente periodo, donde obtuvo la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva, secretaría de la Comisión de Inclusión Social, presidencia de la Comisión encargada del Ordenamiento Legislativo y vicepresidencia de la Comisión de Energía y Minas.

De acuerdo a sus palabras, se hizo político al entender que su propósito en esta tierra es “poder ayudar a gente que como yo no tuvo una oportunidad”. Sin embargo, no solo faltó a ello, sino que causó polémica y defraudó a todos sus votantes, incluyendo, por supuesto, a aquellas personas por las que se interesó en la política. El 14 de septiembre de 2013, cuando el ahora dominical Cuarto Poder se emitía los sábados, el testimonio de tres de sus extrabajadores, quienes lo acusaron de quedarse con gran parte de sus haberes correspondientes al 2006, 2007, 2009 y 2010, generó un revés en el Parlamento y ciudadanía.

Su exasesora, Evelyn Goicochea, una de las denunciantes, contó que un tercero realizaba retiros sistemáticamente de su cuenta y que, en ese entonces, logró identificar que estos se hacían en una zona donde vivían el excongresista con su esposa Claudia Gonzáles, a quien el funcionario conoció en una iglesia, lo encaminó en la vida de “ayudar a otros” y luego se convirtió en su cómplice.

Por si no fuera poco, también se conoció que colocó a Jorge Luis Huiman, su seguridad, y Elvia Azucena Urbina, trabajadora del hogar, en planilla como coordinador parlamentario y asesora de su despacho. Además de que no ejecutaban dichos cargos, tampoco se libraron del recorte, mientras a Huiman le correspondía un sueldo de S/1.100 y recibía S/200; a su esposa, de los S/. 4 mil registrados en sus boletas de pago, le daba solo S/. 400. A ello se le sumó la apropiación de donaciones destinadas a una organización no gubernamental (ONG). De las 621 sillas de ruedas pensadas para discapacitados con bajos recursos, solo demostró la entrega de 393.

Todos estos hechos lo llevaron a convertirse —con 81 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones— en el primer congresista destituido por ‘mocha sueldos’ en la historia peruana y, hoy, luego de casi 10 años, en el primer parlamentario en ser sentenciado por ello. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado Saldarriaga, decidió la mañana de este jueves 24 condenar a Michael Urtecho a 22 años y cinco meses de prisión efectiva, al hallarlo culpable de los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.

Adicionalmente, se le inhabilitó por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público. Su esposa corrió con la misma suerte. A Claudia Gonzáles se le dictó 28 años de cárcel por su papel de cómplice. Ambos deberán pagar S/ 630 666 06 por concepto de reparación civil a favor del Estado.