Luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmase que ‘Mila’, la niña de 12 años embarazada tras ser víctima de violación, accedió al aborto terapéutico en un hospital de Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se manifestó a favor del procedimiento y dijo que se realiza con la finalidad de proteger su salud y vida.
Durante su visita al Centro de Operaciones de la Policía Nacional del Perú, expresó su malestar y solidaridad de parte del Gobierno con la menor ‘Mila’.
“El Gobierno y el Estado están en la obligación de proteger la salud y la vida, especialmente, de los adolescentes y niños y en este caso una manera de proteger a esta niña ha sido esta intervención que fue decidida por una junta médica, lo que ha ocurrido es que se ha respetado la decisión de una junta medica se ha cuidado la salud y la vida de esta menor de edad”, manifestó.
El presidente del Consejo de Ministros señaló que la ministra de Mujer, Nancy Tolentino; como el de Salud, César Vásquez, estuvieron acompañando en todo momento a la menor de edad y su familia.
También confirmó que ‘Mila’ está bien y pidió “respeto y debida distancia” para con la menor y ella pueda recuperarse e integrarse con su comunidad y familia.
ONU se pronunció por el caso ‘Mila’
Antes de que la menor lograse interrumpir su gestación, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado peruano que se le aplique el aborto terapéutico, luego de que una junta médica del Hospital Regional de Loreto se lo negara.
“De conformidad con el artículo 6 del Protocolo facultativo y el artículo 7 del reglamento del Comité en relación con el Protocolo facultativo, el Comité, por intermedio de su Grupo de Trabajo sobre comunicaciones, solicita al Estado parte que tome medidas urgentes para asegurar el acceso a servicios legales de interrupción del embarazo y cuidados postaborto”, indicó.
No es la primera vez que instancias internacionales, a los que Perú está adscrito, ordenan al país aplicar el aborto terapéutico. Fueron tres casos más en los que el Perú no respetó los derechos de las menores y las obligó a pasar por procesos tortuosos.
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