Evo Morales ataca al gobierno de Dina Boluarte: “Usurpa la presidencia democráticamente asignada al hermano Pedro Castillo”

El expresidente boliviano Evo Morales volvió a lanzar sus críticas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien hoy ofrecerá su primer mensaje a la Nación como mandataria. A través de sus redes sociales, enfatizó que es “ilegitimo” y que debe responder los fallecidos registrados durante las primeras olas de manifestaciones de diciembre del 2022 y enero de este año.

“Junto a los pueblos libres del Abya Yala pedimos que la demanda de dignidad y justicia del Perú profundo sea escuchada por la comunidad internacional y que el gobierno ilegítimo que usurpa la presidencia democráticamente asignada al hermano Pedro Castillo, responda por las graves violaciones de Derechos Humanos de nuestros hermanos indígenas masacrados por pedir respeto a su voto democrático”, escribió.

En otro momento, el líder del MAS reiteró su pedido para que el expresidente Pedro Castillo sea liberado a pesar de que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre y actos de corrupción que se dieron en su gobierno que duró 18 meses.

“Ratificamos nuestra solidaridad humanitaria con el hermano Pedro Castillo,legítimo presidente peruano, destituido ilegal e inconstitucionalmente por un Congreso que se convirtió en instrumento de la conspiración de la derecha sometida a las órdenes del gobierno de Estados Unidos y las empresas transnacionales”, agregó.

Como es público, no es la primera vez que Evo Morales ataca al régimen de Boluarte. Tras la caída de Castillo, comenzó a cuestionar publicamente a la mandataria.

“Lamento mucho cómo la hermana Dina Boluarte, que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”, escribió en enero pasado.

“Saben hermanos y hermanas, lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación cierre del Congreso, nuevas elecciones no. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial”, expresó Morales desde Puno a donde llegó para sus actividades del Runasur.

Por este tipo de declaraciones, el Congreso lo declaró como persona no grata debido al activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica en el Gobierno.

De otro lado, el Ejecutivo dispuso medidas. A través de las redes sociales del Ministerio del Interior se informó hoy que la Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso el pasado 6 de enero que Morales no entrará al territorio nacional en base al artículo 48 de la Ley de Migraciones - Decreto Legislativo 1350. La medida alcanza, además, a ocho de sus colaboradores más cercanos.

“En los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para realizar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”, se lee en el comunicado del Mininter.

“El Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial referido a la seguridad nacional y el orden interno”, añade.

“El Perú reitera a sus ciudadanos y a la comunidad internacional su más profundo respeto por los derechos humanos, así como los lazos históricos que nos unen con diversos países sudamericanos, con los cuales llevamos adelante importantes alianzas destinadas a lograr el desarrollo, paz social, bienestar y seguridad de nuestras sociedades”, cierra la misiva.

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una denuncia contra el expresidente boliviano ante la Fiscalía de la Nación por haber cometido el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad atentado contra la integridad nacional prevista y penado en el artículo 325 del Código Penal.