La réplica de la presidenta Dina Boluarte a la denuncia de plagio en un libro que consignó en su biografía académica para acceder a un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contuvo al menos tres enunciados con desinformación, según Christopher Acosta, periodista que destapó el caso.
En un mensaje a la Nación tras una semana de silencio, Boluarte indicó este martes que “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, una obra que registra más de la mitad del contenido sin citas ni referencias, fue un “texto de carácter monográfico” y que “nunca tuvo la intención de ser un libro”. En ningún momento hizo mención al plagio.
Mencionó, de igual modo, que fue un “texto interno para los abogados” y que “no se publicó ni se comercializó ni se ofreció al público”. El libro, en cambio, sí está expuesto al público en la BNP: cualquier ciudadano puede acceder a él con su documento nacional de identidad (DNI).
De hecho, el fiscal Miguel Ángel Puicón Yaipén, a cargo de la investigación fiscal por el presunto delito contra los derechos del autor, ya solicitó una revisión al gerente de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, Augusto Antonio Bambaren.
A través de un oficio, el magistrado requirió analizar oficialmente el libro a través de Turnitin, la herramienta antiplagio que ya arrojó un 55% del contenido adulterado cuando Punto Final lo sometió a escrutinio.
“No se trata de un libro de la autoría de la doctora Boluarte, sino un texto en el que participan siete profesionales. [...] Ya se inició una investigación fiscal, y estamos dispuestos a colaborar con estas investigaciones, no tenemos ningún problema”, declaró en un intento de minimizar la denuncia.
Agregó que Boluarte “se va a allanar a todas las investigaciones” y añadió que ha actuado con “integridad y altura ética”, pese a que más de 20 páginas de la obra incluyen contenido plagiado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Boluarte ya es investigada por presunto genocidio a raíz de las muertes durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre y marzo.
En un reciente informe, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declaró el hallazgo de ejecuciones extrajudiciales y subrayó que había que colocar el foco en Ayacucho, donde las denuncias de brutalidad en los choques podría ser considerada como una “masacre”.
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