Trabajadores formales: ¿dónde están?

Una de las diferencias que existe entre los trabajadores formales e informales es el salario que reciben por su trabajo. En el Perú, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio a nivel nacional se sitúa en alrededor de los S/ 1,500; sin embargo, el empleado formal recibe, en promedio, alrededor de S/ 2,600, mientras que el informal, alrededor de S/ 1,050. Es decir, este último recibiría menos del equivalente a una canasta básica familiar.

A propósito de esto, ¿dónde se concentran efectivamente los trabajadores formales? ¿En qué provincias o sectores económicos? Un informe reciente de ComexPerú, da cuenta de ello, a partir de los resultados de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con precisión de los resultados del mercado laboral a nivel de ciudades.

En diciembre de 2022, se registraron 4.1 millones de trabajadores formales en nuestro país, de los cuales el 81% se ubicó en una sola provincia de cada departamento a nivel nacional. La provincia de Lima concentró a 2.2 millones de trabajadores formales, lo que representó el 95.8% del empleo formal del departamento de Lima, seguido por la provincia de Coronel Portillo, con 32,959 trabajadores formales, representando el 94.3% del departamento de Ucayali, la provincia de Tacna, con 25,281 trabajadores formales, representando el 91.1% del departamento de Tacna, la provincia de Arequipa, con 179,941 trabajadores formales, representando el 85.6% del departamento de Arequipa, y la provincia de Tambopata, con 9,132 trabajadores formales, representando el 81.8% del departamento de Madre de Dios.

Por otro lado, según sectores económicos, tenemos que en la provincia de Ica, el 65.1% de los trabajadores formales se concentra en el sector agropecuario; en la provincia de Mariscal Nieto, un 42.1% se concentra en el sector construcción; en la de Piura, un 39.7% en el sector agropecuario; en la de Huancavelica, un 32.1% en el sector minería e hidrocarburos; en el distrito del Callao, un 28.9% en el sector transportes y comunicaciones; y en la provincia de Maynas (Loreto), un 28.4% en el sector comercio, por citar algunos ejemplos.

Es importante conocer estos detalles, ya que no solo dan cuenta de un desarrollo formal concentrado en determinadas localidades y actividades; sino también expone aquellas otras que bien podrían ser atendidas con políticas públicas: obras, acciones o actividades, que promuevan la formalización de empresas, no solo lideradas por el Gobierno central, sino particularmente por los Gobiernos regionales y Municipalidades, más aún estas últimas quienes son las que cuentan con el mayor presupuesto para la promoción del comercio.

Al respecto, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante 2023, las Municipalidades a nivel nacional cuentan con un presupuesto de S/ 442 millones para la promoción del comercio interno y externo e infraestructura y equipamiento, de los cuales al primer semestre del año solo ejecutaron un 34%. Analizando a detalle, tenemos municipalidades como las del Callao, que ejecutaron el 65.5% de su presupuesto; y las de Huancavelica, Lima y Arequipa, que ejecutaron el 58%, un 48.1%, un 47.3% de sus presupuestos, respectivamente. Mientras que, por otro lado, tenemos municipalidades como las de Amazonas, que ejecutaron apenas un 7.9% de su presupuesto; y las de Cajamarca, Tumbes, Loreto, Huánuco, Ica, que ejecutaron un 10.6%, 19%, 19.3%, 21.4% y 21.4% de sus presupuestos, respectivamente.

Fomentar empleo formal no es una tarea fácil, menos en un contexto económico como el peruano donde se estima que la inversión privada retrocedería un 2.5% hacia el cierre del año, teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año cayó un 12%, con respecto al mismo periodo de 2022. Existe un consenso global en que la inversión privada impulsa el crecimiento económico, pues fomenta la creación de empresas y la generación de empleo. Más del 85% de la inversión total en el Perú es privada, es por ello que, además de poner el acelerador en la inversión pública en el interior del país, se debe incentivar la inversión privada a todo nivel, recuperando la confianza, asegurando la estabilidad jurídica y la paz social.