La congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, presentó un nuevo proyecto de ley que busca crear un seguro en caso de desempleo de trabajadores dependientes. La iniciativa legislativa 05510/2022-CR plantea que parte del dinero que se destinaría a los beneficiados sería depositado por la empresa empleadora.
La tentativa parlamentaria se encuentra en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y en la de Trabajo y Seguridad Social del Congreso a la espera de ser evaluada en otras comisiones del Congreso antes de llegar al Pleno para su debate y votación.
Pero, ¿en qué consiste este proyecto? A continuación, te contamos todos los detalles que ha planteado la parlamentaria.
Seguro por Desempleo
Según Sigrid Bazán, la finalidad de la iniciativa es proteger y promover el trabajo decente en el país, así como el desarrollo de las personas en condiciones dignas el cual será complementado por un Servicio Nacional de Empleo.
Los beneficiados serían únicamente trabajadores dependientes que hayan cesado de sus labores por causas involuntarias como: despido, cese colectivo, término de contrato, entre otros supuestos que serán desarrollados por el reglamento de la ley, en caso sea aprobada y promulgada.
Además de lo mencionado, también se plantea que el aspirante a beneficiario cumpla con otros requisitos:
- Que el asegurado cuente con 12 aportaciones, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a que se inicie la contingencia cubierta.
- Que el asegurado tenga un período de carencia que será determinado por el reglamento, el cual no deberá ser menor a una semana ni mayor a un mes. Se entiende por período de carencia el periodo de desempleo requerido para que se active el acceso a las prestaciones económicas del seguro por desempleo.
- Que el asegurado haya informado de la contingencia a los servicios de empleo y cumplido con los requisitos exigidos por estos.
- ¿Qué empresas acatarían la norma de ser aprobada?
Sigrid Bazán propone que sean los empleadores del sector privado de la mediana y gran empresa, que cuenten con contratos a plazo indeterminado o contratos sujetos a modalidad, quienes se sujeten a aportar una parte de la subvención para los desempleados. Sin embargo, resalta que esto sería de forma gradual dejando abierta la posibilidad de incluir a otra clase de empresas en un futuro como la micro y pequeña.
“Este seguro se implementa de manera progresiva, considerando inicialmente la cobertura de los trabajadores dependientes del sector privado de la mediana y gran empresa, sea que cuenten contratos a plazo indeterminado o contratos sujetos a modalidad”, se lee en el oficio.
Así, detalla que se otorgaría cobertura a través de prestaciones económicas por un periodo de hasta cinco meses continuos, cuyos montos serán de la siguiente manera:
Un 70% de la remuneración asegurable por el primer mes.
- Un 65% de la remuneración asegurable por el segundo mes.
- Un 60% de la remuneración asegurable por el tercer mes.
- Un 55% de la remuneración asegurable por el cuarto mes.
- Un 50% de la remuneración asegurable por el quinto mes.
Se requieren impuestos para financiar el seguro de desempleo. El aporte total corresponde al 1,16% del salario mensual asegurable: del aporte correspondiente de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se descontaría el 0,58% y el otro 0,58% restante lo pagaría el empleador.
Este seguro sería administrado por un órgano rector tripartito; en este sentido, su directorio incluye representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores en partes iguales.
Cabe mencionar que, el proyecto de ley de Sigrid Bazán va de acorde a lo planteado por el Ejecutivo a inicios de año cuando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio a conocer su intención de crear un seguro por desempleo que también sea financiado por el empleador y que funcione en paralelo con la CTS.
“Uno de los objetivos que tenemos como gestión es concretar un sistema integral de protección contra el desempleo que pase por un seguro, que daría una cobertura por un período de tres o cuatro meses, con un porcentaje del sueldo que venías percibiendo, entre 60 % y 70 %”, señaló el entonces ministro Eduardo García.
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