Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local de un negocio de comida cuando fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria pedía dinero con la finalidad que no cierren su negocio. Una intervención que debería priorizar la salud del ciudadano, solo beneficiaba a los bolsillos del trabajador municipal.
En la imagen difundida por Buenos Días Perú, se visualiza que dos fiscalizadores se acercan a la caja para entregar un informe a la persona encargada. Sin embargo, este es utilizado para que puedan colocar los S/300 que le exigieron, según denuncia el empresario.
Esto sucedió el último miércoles 5 de julio alrededor de las 8:00 p.m. Al menos cuatro trabajadores llegaron y comenzaron a tomar fotos de los exteriores del local. Con unos apuntes y sus chalecos que los identifica como funcionarios ingresaron al establecimiento.
No es la primera vez
El dueño del local que prefirió ocultar su rostro por medidas de protección manifestó que cuenta con todos sus papeles en regla para que su negocio pueda operar. Al recibir a los fiscalizadores, indicaron que no tenían permiso para vender cervezas.
Sin embargo, al momento de darle a conocer que no tenía este permiso, le habría pedido que se comunique con la persona encargada del negocio, debido a que iban a proceder con el cierre por dos meses. Por ello, se comunicaron con el administrador, a quien le habrían pedido esta suma de dinero.
“Te vamos a cerrar el local por dos meses y 2 UIT tienes que pagar. Mira S/500 soles ahorita [...] ya mira S/300, no lo pienses nada, entonces [el administrador] llamó a la cajera y le dijo dale S/300″, contó.
Es así como señaló que no solo están expuestos a la inseguridad ciudadana por las extorsiones, sino también a “los malos funcionarios”. No serían los únicos que pasaron esta situación, otros empresarios de la zona manifestaron que pagaron para que no cierren sus negocios.
Comunicado del municipio
Ante la denuncia pública, la Municipalidad de La Victoria anunció que los trabajadores fueron separados del cargo. De acuerdo con el citado medio, este personal pertenece a un contrato CAS que se dio en la gestión anterior (2019).
El empresario afirmó que desde hace 21 años tiene este emprendimiento, pero desde esa fecha siempre ha presenciado la llegada de este personal para pedir “dinero a cambio de no clausurar su local”. “Estos hay que pagar como cupos [...] 28 de julio y fin de año en Navidad”, reveló.
“Ellos están totalmente prohibidos de recibir cualquier dádiva dentro de una intervención. [...] si cometen cualquier acto irregular es materia de investigación con responsabilidad penal y administrativa”, dijo a Al Estilo Juliana un representante municipal.
“[...] la Gerencia de Gestión de Recursos Humanos dispuso la investigación inmediata a través de la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la Municipalidad de La Victoria y dio cuenta a la Procuraduría Pública Municipal para que interponga la denuncia penal que corresponda”, se lee.
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