No es la primera vez. El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, fue nuevamente amenazado de muerte por un grupo extremista autodenominado “Los combatientes”, facción radical de la Resistencia.
El grupo de ultraderechistas, activo desde que Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta presidencial contra Pedro Castillo, acudió a las inmediaciones de la institución ubicada en el Centro de Lima y sindicaron al líder de la institución de haber orquestado un presunto fraude electoral.
Este repudiable accionar se suma a las otras veces en las que Salas Arenas ha temido por su vida tras las expresiones de extremistas. Anteriormente, denunció ante el Ministerio Público que una cuenta llamada “Ultra Derechista Clandestino” publicó “lárgate salas arenas… lárgate lejos… CORRUPTO… estás advertido”, junto a una imagen con una mano sosteniendo una bala.

Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en julio de 2021 medidas cautelares de protección a su favor y núcleo familiar, tras considerar que se encontraba en una situación “de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Perú”.
¿Quién es Roger Ayachi?
Roger Ayachi Soria, autodenominado líder de ‘Los Combatientes’, es exprofesor de secundaria en la Unidad de Gestión Educativa Local 2 (UGEL), en el distrito de El Rímac. Pese a que en varias ocasiones ha indicado que no tiene vínculos con el partido político Fuerza Popular, ha acudido a varios eventos proselitistas en apoyo a Keiko Fujimori y su padre, desde antes de la primera vuelta electoral.
Ha participado en marchas contra la izquierda, quemando banderas rojas y expresándose violentamente, como la vez en la que indicó que su grupo saldrá a la calle a ‘pechar’ a los comunistas y “golpearlos, porque eso es lo que quieren”.

Entre sus correligionarios, los cuales lo acompañan en las manifestaciones y actos de incitación a la violencia, también se encuentran José Luis García Ganoza y Stefano Ferrigno Pisetsky, simpatizantes de Renovación Popular.
Cabe mencionar que, según el artículo 151-A del Código Penal, las acciones de acoso e instigación a cometer un delito se sancionan hasta con cuatro años de cárcel. La norma castiga a quien “vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana”.
Pese al repudiable accionar de estas personas, que no solo es contra autoridades, sino contra los medios de comunicación, uno de los primeros actos de Josué Gutiérrez Cóndor, cuando asumió la Defensoría del Pueblo, fue reunirse con ellos.
Ante las innumerables críticas, la entidad emitió un comunicado indicando que el encuentro duró media hora, con el fin de “escuchar sus pedidos” y pedirles que “pasen de la cultura del odio a la de la paz”.

De acuerdo a la misiva, Gutiérrez se reunió con siete representantes, a quienes les habría explicado la autonomía de la institución. “Se trabaja por la defensa de los derechos de la población a través de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”, expresó.
Salas Arenas a Patricia Benavides y PNP: “Deben cumplir su deber”
Sobre la última amenaza de muerte, el titular del JNE instó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y a la Policía Nacional del Perú a cumplir sus funciones y establecer sanciones en contra de estos grupos radicales.
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