La Junta Nacional de Justicia (JNJ) negó información propalada sobre presuntas presiones de algunos consejeros al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, a fin de que la Corte Suprema emita un pronunciamiento a favor de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por el Congreso.
“La JNJ rechaza tajantemente que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, como informan dos medios de comunicación”, informó la institución en un tuit.
La Corte Suprema se reunió por primera vez para tratar el caso de la extitular del Ministerio Público el 28 de junio, a solicitud de los jueces supremos César San Martín, Elvia Barrios, Janet Tello, Carlos Calderón, Augusto Proaño, Víctor Castillo, Ramiro Bustamente y Ulises Yaya.
Sin embargo, dicha reunión se suspendió debido a que cinco magistrados no pudieron asistir por compromisos asumidos con anterioridad a la convocatoria. El cónclave se reanudó el lunes 3 de julio y la Sala Plena acordó no pronunciarse porque “podría judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal”.
Según informó La República, antes de que se congregue la Sala Plena, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó la investigación preparatoria contra Zoraida Ávalos y presentó el expediente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La acusación es por la supuesta comisión de los delitos de omisión y retardo de actos funcionales debido a que la exfiscal de la Nación, según votó el Congreso, se habría demorado en investigar al expresidente Pedro Castillo.
Juan Carlos Checkley, quien preside el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, deberá emitir una resolución aprobando el expediente sin aumentar o reducir los términos de la acusación aprobada por el Parlamento. Así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Política del Perú.
Zoraida Ávalos recurrirá a la CIDH
La fiscal suprema Zoraida Ávalos buscará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revierta su situación en Perú. Ello al considerar que se ha agotado las instancias internas.
Tras declararse procedente la denuncia constitucional en su contra, Ávalos presentó un amparo y solicitó una medida cautelar ante un juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima.
La medida cautelar fue rechazada en diciembre de este año, mientras que el proceso principal aún no llega a ser sentenciado en primera instancia.
Vale resaltar que son pocas las posibilidades de que la exfiscal de la Nación consiga un fallo a favor debido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso competencial que inició el Parlamento contra el Poder Judicial.
En su resolución, los magistrados establecen que no proceden acciones judiciales contra decisiones del Congreso.
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