La aprobación de la ley que limita la colaboración eficaz por el Congreso de la República, viene generando rechazo no solo en el Ejecutivo sino también de voces expertas en derecho penal. La lluvia de críticas a la norma ha calado en diversos congresistas que evalúan su postura y hasta el presidente del Parlamento, José Williams, ha pedido expresamente a la presidenta Dina Boluarte observar la autógrafa.
La autógrafa de esta ley fue remitida a Poder Ejecutivo, que tiene hasta el 24 de julio para observarla o promulgarla.
El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, consideró que el Congreso tiene que saber escuchar los cuestionamientos. En ese sentido, manifestó que si “el Ejecutivo observa la norma, esta vendrá con fundamentos” y que en su bancada están dispuestos en apoyar modicicaciones.
En Renovación Popular, su portavoz Jorge Montoya indicó que se debe escuchar “las opiniones críticas para ver qué cosa debemos corregir”. En esa misma línea, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) refirió estar de acuerdo con revisar la ley ya que “todo es modificable”.
Ante la posibilidad de que la norma sea observada por el Ejecutivo, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) sostuvo que la Comisión de Justicia tendría que evaluar los cuestionamientos y, a partir de ello, tomar decisiones.
Por su parte, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, precisó que la propuesta “abre una ventana para la impunidad en investigaciones complejas”. En diálogo con El Comercio, criticó que el Ministerio Público no se haya pronunciado hasta el momento.
¿Qué dice la ley?
La propuesta aprobada por el Parlamento establece un plazo de ocho meses para cerrar el proceso de colaboración eficaz y llegar a un acuerdo. También indica la obligación de que las declaraciones sean grabadas en audio y video; y dispone la firma de un acuerdo preliminar al inicio de la colaboración, donde se deje establecido de antemano qué beneficios recibirá el delator.
Como se recuerda, el Proyecto de Ley 565 fue promovida por la Comisión de Justicia presidida por Gladys Echaíz (Renovación Popular) y presentada por Américo Gonza (Perú Libre). El dictamen fue aprobado por el pleno del Congreso el 22 de junio, casi a la medianoche y en el último día de la legislatura 2022-2023.
De los 83 congresistas que votarona favor, 33 tiene investigaciones fiscales vigentes por supuestos casos de corrupción.
La decisión tomada en el recinto parlamentario favorecería a los congresistas de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular y Bloque Magisterial, quienes están inmersos en el caso ‘Los Niños’. La lideresa de Fuerza Popular también se beneficiaría con esta ley.
Al respecto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, alertó que la ley que modifica el proceso especial de colaboración eficaz, afectaría más de 50 procesos en curso relacionados a la trama de corrupción de Odebrecht en el Perú.
Para la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, la norma “como está aprobada” no es útil para la lucha contra la corrupción en el país y casos de criminalidad organizada como el del ‘tren de Aragua’, que implica a países como Perú, Colombia y Venezuela, “donde se necesita corroboración e información de esos países que debe ser traída a través de la (Oficina de) Cooperación Internacional”, agregó Carrión.
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