Gianina Tapia, fiscal adjunta en la Fiscalía Suprema de Familia, envió este jueves un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el que solicita tomar la plaza de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, acusada por los presuntos delitos de omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales, e inhabilitada por el Congreso durante cinco años.
Allegada a Patricia Benavides y Pedro Chávarry ―exfiscal general condenado por intentar boicotear las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht—, Tapia había quedado como candidata en reserva en el último proceso para elegir fiscales supremos. De hecho, su nombre era voceado desde hace al menos un mes.
“Solicito que se proceda a expedir la resolución correspondiente como mi designación como fiscal suprema titular. Hago de conocimiento que reitero esta solicitud por ser de derecho y de justicia”, continúa.
En un informe del mes pasado, Hildebrandt en sus trece señaló que, ante la destitución de Ávalos —debido a su decisión de suspender la investigación preliminar por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo—, la Junta de Fiscales Supremos se quedaría sin un integrante y debería convocar a cualquiera de los dos fiscales supremos provisionales para restablecer el quórum.
Es decir, a Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas, quienes están a cargo de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, respectivamente.
Otra solución para cubrir la vacante, reseñaba la revista de investigación, sería convocar a Tapia, primera candidata en reserva —de tres— del último concurso público de selección y nombramiento de fiscales supremos.
Después de esa fecha, ninguno de ellos podrá integrar la Junta de Fiscales Supremos. “Por ello, el apuro por inhabilitar a Zoraida Ávalos”, señaló una fuente del Ministerio Público al medio periodístico que deslizó una supuesta estrategia orquestada por Benavides, su máxima representante, para que pueda ser reelegida hasta el 2027.
En el perfil de Tapia, lo más llamativo es su cercanía con Pedro Chávarry, quien renunció al cargo de fiscal en enero de 2019, pese a que se mantuvo como fiscal supremo hasta un año después, cuando fue suspendido durante 18 meses por el Poder Judicial para que dejara de contar con protección legal.
Chávarry destituyó a Rafael Vela, el jefe del equipo especial Lava Jato, y al fiscal José Domingo Pérez, encargado de casos de gran impacto como el que se sigue contra Keiko Fujimori y su partido por la presunta financiación de sus campañas electorales con fondos ilícitos, entre ellos de la constructora brasileña.
El magistrado, también vinculado con una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’, argumentó en ese momento que los fiscales habían vulnerado el principio de jerarquía en el Ministerio Público, al haber cuestionado su permanencia en el cargo.
Sin embargo, los diferentes pedidos para que el Congreso de entonces evaluara su permanencia en el cargo fueron bloqueados por la bancada mayoritaria del partido fujimorista.
La destitución de Vela y Pérez fue rechazado de inmediato por la mayoría de sectores sociales y políticos del país, y generó masivas movilizaciones ciudadanas que llevaron a Chávarry a dar marcha atrás y reponerlos en sus cargos el 2 de enero de 2019, tras lo cual renunció a seguir dirigiendo el Ministerio Público.
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