Canciller Gervasi ante OEA sobre informe por muertes en protestas: “Pronunciamientos de la CIDH son reduccionistas”

Una vez más el gobierno de Dina Boluarte insistió en desconocer, ante la comunidad internacional, que durante las protestas antigubernamentales se cometieron violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes, tal como lo han señalado investigaciones de reconocidos organismos internacionales. Esta vez, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, dijo que el informe y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema son reduccionistas y no toman en cuenta las observaciones que el gobierno entregó.

Lo llamativo de la situación es que su discurso fue enunciado durante la II sesión plenaria de la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, Estados Unidos. Precisamente, la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA.

La canciller Ana Cecilia Gervasi cuestionó el trabajo realizado por la CIDH sobre la situación del Perú. Y también el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, en el cual se señalaba el componente racial tras la estigmatización a los manifestantes, además del uso indiscriminado y letal de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares, que dejó 49 muertes civiles y el de un agente de la Policía.

Luego de presentar la postura oficial del gobierno ante la OEA, y en un discurso algo contradictorio, Gervasi enfatizó en que “no deja de respetar” el trabajo de la CIDH. “Reitero nuestro compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, añadió.

Imagen internacional

La ministra Gervasi es una de las funcionarias más cercanas a la mandataria Dina Boluarte. Incluso su cartera logró obtener una partida presupuestal adicional de S/2′900,000 para financiar actividades y estrategias que mejoren la imagen del régimen.

Cancillería ha destinado este elevado monto para contratar agencias de lobby y comunicaciones en Europa y Estados Unidos. El plan implicaría el gasto de 290 mil mensuales de marzo a diciembre.

Ana Cecilia Gervasi también se mostró en contra de la conclusión de que el amplio número de muertes en Juliaca y Ayacucho constituyan violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados. “El gobierno discrepa respetuosamente”, señaló.

“El Perú presenta ciertos retos en materia de derechos humanos, muchos se arrastran de antiguo y otros tuvieron su origen en los acontecimientos que siguieron al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el quebrantamiento del orden constitucional que fue pú blicamente condenada por la secretaría general de la OEA y la CIDH, en su momento”, dijo durante su discurso.

Una vez más también se refirió a los manifestantes como “grupos violentistas”, aunque también reconoció que hubo grupos pacíficos. Sin embargo en ningún momento hizo alusión a sus demandas políticas de adelanto de elecciones y mas bien dijo que solo protestaban por inequidades sociales, cuando esto no se condice con la realidad.

En otra parte de su alocución saludó que la CIDH reconociera la legimitidad del ascenso a la Presidencia por parte de Dina Boluarte.

En cuanto al avance de las investigaciones por el alto número de muertes durante las protestas, la mayoría por heridas de bala e incluso de armas de guerra y largo alcance, manifestó que las instancias judiciales están desarrollando las pesquisas de ley.

“La fiscalía de la Nación ha creado un equipo especial para casos con víctimas durante las protestas sociales, que cuenta con el apoyo técnico de la oficina de las Naciones Unidas en el Perú. Se han llevado a cabo más de 300 actuaciones fiscales. La señora presidenta y el presidente del Consejo de Ministros han declarado ante el Ministerio Público. La colaboración del gobierno es completa.

Sin embargo, no hizo referencia a las múltiples quejas de los deudos de los fallecidos por el traslado de las investigaciones de las regiones donde ocurrieron los hechos hasta Lima y la paralización de muchas pesquisas ocurridas tras la centralización de las carpetas fiscales en la capital.