La reciente revelación del pago efectuado por EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation por más de S/ 41 millones ha generado un inmenso revuelo en el ámbito político del país, ante un presunto delito de corrupción que involucra al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Este polémico desembolso, que omitió una penalidad millonaria a favor del Estado de S/ 4.1 millones por incumplimiento de contrato, ha captado la atención de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la cual ha decidido investigar a fondo este controvertido caso.
El presidente del referido grupo de trabajo parlamentario, Héctor Ventura, perteneciente al partido Fuerza Popular, ha anunciado que se han realizado avances significativos en las primeras indagaciones y se está evaluando la citación de los presuntos involucrados.
Al respecto, el congresista Elías Varas, de la bancada Perú Bicentenario, exhortó acciones concretas ante la información sobre el desembolso a favor de la empresa Aionia por la compra de un millón de pruebas rápidas durante la pandemia de Covid-19 y que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y al titular de Essalud, Arturo Orellana.
El pago en cuestión se realizó el pasado 10 de febrero como resultado de un contrato otorgado a la compañía en el 2020, para la venta de más de 1 millón de kits de pruebas rápidas. La controversia en torno a este desembolso se intensificó cuando se descubrió que EsSalud anuló el descuento de S/4,1 millones como penalidad por el incumplimiento de los plazos de entrega.
Fiscalía cita a implicados
Mientras tanto, el exministro Alfonso Adrianzén acudió al Ministerio Público para brindar su testimonio dentro del marco de la investigación sobre el presunto pago irregular de EsSalud a la empresa Aionia.
El exfuncionario, quien ocupó el cargo entre enero y abril del presente año, se dirigió a la sede de la Fiscalía de la Nación y permaneció allí durante cuatro largas horas, prestando declaración en el despacho de la Fiscalía Adjunta Suprema de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Se supo que el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza abrió una una carpeta fiscal el pasado marzo para abordar este delicado asunto, en donde se señala que Alfonso Adrianzén estaría incurso en el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, ello tras conocer conversaciones y coordinaciones por WhastApp entre los implicados para concretar y acelerar el desembolso del dinero.
Las pesquisas fiscales se iniciaron tras conocerse el pago de S/ 41 millones de Essalud a favor de Aionia, a pesar de que la Contraloría General de la República ha detectado indicios de que todo el proceso fue dirigido con el objetivo de favorecer a la referida empresa, además de que los bienes adquiridos fueron entregados fuera del plazo estipulado.
Como consecuencia al informe de la Contraloría, el desembolso fue inicialmente paralizado y se impuso una multa de S/ 4.1 millones, cifra que fue anulada por EsSalud. La entidad estatal informó que su proceder se debió al cumplimiento de una orden del Tribunal Arbitral que, luego de dos años de controversia, emitió un fallo precisando que “no corresponde aplicar el pago de la penalidad” al haber verificado que el proveedor cumplió con los plazos de entrega.
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