Abogado de Dina Boluarte desafía investigación: “No hay base para acusarla de genocidio”

Joseph Campos, el abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte, ha expresado de manera contundente sus críticas hacia la investigación que se está llevando a cabo contra su clienta por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. El letrado anunció que solicitará la exclusión de su clienta del caso, argumentando que la Fiscalía no podrá presentar pruebas de un supuesto ‘genocidio’ en el país.

Según Campos, el genocidio requiere dos elementos esenciales: la ocurrencia de muertes y la voluntad de exterminar a un grupo específico. Él afirma que estas condiciones son totalmente improbables en el contexto del país. Además, señala que el homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad e intención, elementos que tampoco se pueden atribuir a la mandataria.

“Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, señaló en diálogo con RPP.

“Lo que hubo fue un intento de golpe de Estado”

El abogado enfatizó que “se ha tomado a la ligera” la imputación penal, reduciendo la historia a un simple caso de muertes en protestas. Para el abogado, la visión simplista de la investigación fiscal deja de lado la verdadera dimensión de las manifestaciones que, para su criterio, era la gesta de un golpe de Estado contra Boluarte.

“Con poca responsabilidad se ha llevado a una imputación penal y a los que de alguna manera reducen la historia a este caso de muertos en protestas. Yo me resisto, no solo jurídicamente. He visto una violencia inusitada, permanente, con objetivos políticos que si uno le quita este romanticismo de protesta no se distingue a nivel de objetivos y uso de medios de un golpe de estado”, indicó.

Campos explicó que, para continuar con el caso contra Dina Boluarte, el Ministerio Público tendría que demostrar una instrucción expresa de la presidenta para tomar una decisión política con el propósito de matar a los manifestantes. Además, debería existir un jefe de la policía o de las Fuerzas Armadas que haya replicado dicha orden y haya dado instrucciones para asesinar.

El caso debe ser archivado

El abogado defensor de Dina Boluarte reiteró su rechazo categórico a las imputaciones de homicidio y genocidio, y consideró que el caso debe ser archivado. Sus líneas generales de defensa se basan en argumentar que el conflicto no fue provocado por el Estado, que la orden política de la presidenta como máxima autoridad de la PNP y las FF.AA. fue mantener el orden respetando los derechos fundamentales, y que, una vez ocurridas las muertes, estas deben ser investigadas de manera objetiva e individual.

La defensa de la presidenta Boluarte precisó que la investigación debe garantizar que tanto las fuerzas de seguridad como las víctimas tengan su derecho a buscar la verdad, pero señaló que ello solo se logrará con la actuación de las autoridades competentes y no por opiniones ajenas.

“Cada caso debe ser evaluado de forma individual. Si hay un agente de policía culpable, la propia PNP no deseará protegerlo, pero si hay un policía que reaccionó dentro del marco de lo que corresponde, no debe ser considerado responsable”, puntualizó.

Los plazos de la investigación

Recientemente, la presidenta de la República, Dina Boluarte, compareció ante la Fiscalía y respondió durante tres horas las preguntas de los representantes del Ministerio Público en relación a las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno.

La investigación preliminar contra la presidenta por las muertes en las protestas comenzó en enero y ya lleva casi cinco meses en curso.

Según Joseph Campos, el plazo establecido para la investigación es de ocho meses. Por lo tanto, en los próximos tres meses, la Fiscalía de la Nación deberá finalizar las diligencias y decidir si archiva el caso o si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso para continuar con la investigación, tal como se hizo anteriormente con Pedro Castillo en octubre pasado, cuando aún era presidente.