Jefe del Comando Conjunto de las FFAA no declaró ante la Fiscalía por las muertes en las protestas contra Dina Boluarte

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, no se habría presentado la mañana de este lunes en la sede del Ministerio Público para declarar en la investigación por las 49 muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año.

Según Carlos Rivera Paz, abogado que patrocina a los deudos de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco, la decisión de Gómez de la Torre se debería a que aguarda el testimonio que Boluarte Zegarra dará este miércoles 7 de junio desde las nueve de la mañana tras una serie de reprogramaciones que se dieron desde el 30 de enero pasado.

La mandataria es investigada de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Estas pesquisas también incluyen a actuales y antiguos miembros de su gabinete. Se trata de Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; Pedro Ángulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa; y Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.

Hay que recordar que el jefe del Comando Conjunto de las FFAA no fue el único en evitar declarar ante la Fiscalía. Previamente se informó que Guillermo Ojeda, comandante general del Ejército, tampoco se presentó a declarar como testigo en la investigación contra la presidenta Boluarte el 26 de mayo.

De igual manera pasó con Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien señaló que no daría ninguna declaración porque existe otra investigación que abrió la Fiscalía de Derechos Humanos por el uso desproporcionado de la fuerza que habría ejercido su institución en el sur del país.

Las indagaciones contra las mencionadas autoridades del Poder Ejecutivo y las fuerzas del orden se han desarrollado con demasiada lentitud a lo largo de este año. Una prueba de ello es que una nota del diario La República dio cuenta que el fiscal Marco Huamán no había citado en enero a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones del sur donde se produjeron la mayor cantidad de muertos, para que rindan sus declaraciones pese a que contaba con sus nombres y direcciones.

La fiscal Patricia Benavides anunció en marzo pasado la conformación de un equipo especial de fiscales que investigaría las muertes ocurridas durante las protestas sociales, pero el trabajo sigue retrasado.

Las fiscalías de las regiones —como Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho—, donde se dieron los enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están trasladando de manera muy lenta toda la información recogida hasta el momento al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.

La Asociación de familiares de los asesinados y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte mostró su preocupación y rechazo por la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de las muertes a Lima.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de militares y policías que dejaron más de cincuenta muertos en las manifestaciones en Lima y las regiones del sur del país.

Acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres” presuntamente ejecutadas por las fuerzas del orden aparecen en los documentos elaborados por las citadas organizaciones que han sido expuestas ante la comunidad internacional de lo que pasó tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.