Defensor Josué Gutiérrez admite llamadas con implicados en supuesta red criminal de Pedro Castillo por motivos “estrictamente laborales”

Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, admitió este sábado que mantuvo comunicaciones por motivos “estrictamente laborales” con al menos tres implicados en el Gabinete en la sombra, como el Ministerio Público denominó a la presunta red criminal que lideró el expresidente Pedro Castillo desde el Ejecutivo.

En una entrevista con Canal N, el defensor refirió que los hilos telefónicos ocurrieron cuando se desempeñaba como asesor parlamentario. “Son comunicaciones, entiendo yo, cuando estuve trabajando como coordinador, ingresé con el señor [Gustavo] Ramírez, que trabajaba también como asesor y creo que ahí no hay ningún problema. Después, las otras comunicaciones, las he descartado porque no recuerdo que las haya hecho”, dijo.

Gran parte de estas comunicaciones (23) las realizó con Ramírez Apolinario, exsecretario del Consejo de Ministros y exintegrante del equipo de transferencia de Castillo en el sector de Relaciones Exteriores. “[Fueron conversaciones] estrictamente laborales de coordinaciones parlamentarias. No hay ninguna otra relación. Es más, nunca he estado vinculado a temas que tienen que ver con el Ejecutivo, de ninguna manera”, remarcó el defensor.

A esta orden de prisión preventiva se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe. La investigación fiscal se oficializó después de que el Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, quien ya no posee la inmunidad contemplada en la Constitución.

Para Gutiérrez, las críticas en su contra giran en torno al ámbito político. “Si bien de la historia de mi vida, hoy me debo a un ente totalmente independiente que necesita coadyuvar acciones de gobierno, acciones de operatividad. En esa línea, nos vamos a ver siempre como aliados, porque las confrontaciones creo que se dan solo cuando hay oídos sordos”, continuó.

En la víspera, el defensor rechazó la propuesta de Renovación Popular para que Perú denuncie al pacto de San José de Costa Rica, de manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tenga autoridad sobre el Estado. “No es correcto alejarse de la instancia jurisdiccional supranacional, no. Ningún peruano está excepto del abuso de poder y tenemos, por eso, una instancia supranacional que revisa esos excesos y que los resuelve con objetividad”, dijo el letrado.

Gutiérrez, elegido en un polémico proceso respaldado en bloque por Fuerza Popular y Perú Libre, mencionó que ni el premier Alberto Otárola ni la presidenta Dina Boluarte han expresado su deseo de dejar la Convención Americana, a la que Perú se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.

El legislador Jorge Montoya, portavoz de la tienda ultraconservadora, presentó en la víspera el referido proyecto de ley bajo la justificación de “salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano”. En caso se apruebe el texto, Dina Boluarte debe remitir, en un plazo de 30 días, la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo contrario, según el documento, la presidenta deberá mencionar en un informe las razones de su negativa.