Dina Boluarte declarará ante la Fiscalía el 31 de mayo por las muertes ocurridas en las protestas

La presidenta de la república, Dina Boluarte, ha sido citada por la Fiscalía de la Nación para que declare por la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las 49 muertes ocurridas durante las protestas que se dieron contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero de este año.

El abogado Carlos Rivera Paz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL) y que patrocina a los deudos de las víctimas de Andahuaylas, Ayacucho, Puno y Cusco, informó que el interrogatorio se realizará este miércoles 31 de mayo, a las nueve de la mañana, en la sede del Ministerio Público que se encuentra ubicada en la avenida Abancay.

De esta manera se tratará que Boluarte Zegarra rinda su testimonio por fin luego de una serie de dilaciones que se han dado a lo largo de este año. El 30 de enero pasado fue la primera vez en que la jefa de Estado fue requerida para declarar en forma presencial, pero ella quiso hacerlo virtualmente.

Luego, la siguiente programación fue para el 23 de febrero. Nuevamente, desde Presidencia se solicitó cambiar la modalidad para recoger las declaraciones de Boluarte. Este pedido estaba “sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la fiscalía”, explicaron, pero al 25 de febrero tampoco atendían este requerimiento.

Finalmente, el 7 de marzo, Boluarte acudió al Ministerio Público. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el Poder Judicial no había resuelto una tutela de derechos que la Procuradoría General del Estado presentó para anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el 16 de febrero pasado.

Además, la entidad también apuntaba a estar en el interrogatorio a Boluarte Zegarra. Días después, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resolvió a su favor. Sin embargo, la fiscal Patricia Benavides apeló a esta disposición para excluir a la procuraduría y a los abogados de las víctimas de las protestas de toda las diligencias que se sigan contra la presidenta.

El despacho de la titular del Ministerio Público acudió ante el juez Juan Carlos Checley. “Con fecha 14 de marzo de 2023, este despacho fiscal presentó recurso de apelación contra lo resuelto por citada judicatura, el mismo que, a la fecha, se encuentra pendiente de resolver (el recurso de apelación)”, anuncia dicho documento.

En esa línea, la Fiscalía de la Nación decidió “programar las declaraciones indagatorias de los investigados en la presente carpeta fiscal, (una vez que sea) resuelto el recurso de apelación interpuesto por este despacho fiscal contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos”, hasta que resuelva este pedido.

Estas pesquisas también incluyen a actuales y antiguos miembros de su gabinete. Se trata de Alberto Otárola, actual presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa; Pedro Ángulo, extitular de la PCM; Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa; y Víctor Rojas y César Cervantes, exministros del Interior.

Lento avance

Según una nota del diario La República, el fiscal Marco Huamán, quien recibió el encargo de Benavides para continuar con las indagaciones contra las mencionadas autoridades del Poder Ejecutivo, no ha citado a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones del sur donde se produjeron la mayor cantidad de muertos, para que rindan sus declaraciones pese a que contaría con sus nombres y direcciones.

La fiscal Patricia Benavides anunció en marzo pasado la conformación de un equipo especial de fiscales que investigaría las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año, el trabajo sigue retrasado y no hay muestras de que haya resultados a largo plazo.

Las fiscalías de las regiones —como Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho—, donde se dieron los enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están trasladando de manera muy lenta toda la información recogida hasta el momento al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.

La Asociación de familiares de los asesinados y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte mostró su preocupación y rechazo por la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de las muertes a Lima.