Poder Judicial evalúa hoy recurso de Pedro Castillo para archivar proceso por golpe de Estado

Este martes 23, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará la iniciativa legal del expresidente Pedro Castillo para archivar su caso por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración; y supuesta coautoría en la comisión de abuso de autoridad contra la tranquilidad pública.

La exfigura presidencial de Perú Libre se encuentra recluido, actualmente, en el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, tras recibir una orden de prisión preventiva —posterior al golpe de Estado que cometió el 7 de diciembre del 2022— por un plazo de 18 meses. Esta medida corresponde al proceso que Castillo Terrones pretende dejar sin efecto.

Sobre él, además, pesa otra orden similar —suscitada meses después de su internamiento— por un periodo de 36 meses. En este caso, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

El recurso de excepción de improcedencia de acción se evaluará a las diez de la mañana y deberá contar con la participación del ex Jefe de Estado, quien podrá conectarse virtualmente a la videoconferencia.

La defensa legal de Castillo asegura que el hecho que la Fiscalía le atribuye no constituye un delito. Por ello, asegura, este no cuenta con una connotación penal.

“Mediante el escrito y anexos presentados, el tres de mayo del 2023, por la defensa técnica del imputado, José Pedro Castillo Terrones, deduce excepción de improcedencia de acción, puesto que el hecho que se le imputa no constituye delito o sin connotación penal; y en consecuencia se disponga el definitivo de la causa”, recoge el documento.

Reparación civil

La Procuraduría General del Estado (PGE), liderado por el procurador Daniel Soria, calculó un monto de reparación civil de más de 67 millones de soles que deberá dividirse entre Castillo Terrones y otros implicados en caso sean sentenciados.

Debido a este requerimiento, la entidad pidió ser incluida en las diligencias contra el expresidente como un actor civil. La solicitud ya se realizó ante el Poder Judicial.

El procurador Soria envió un oficio al juez Juan Carlos Checkley —magistrado que dictó las dos órdenes encarcelamiento preventivo de Castillo— donde precisó que los delitos rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública configuran un perjuicio patrimonial que tiene una alta suma indemnizatoria.

Esta se estimaría en 17 millones 711 mil 048.33 soles, mientras que por el daño extrapatrimonial, debería sumar unos 50 millones de soles. De acuerdo a lo especificado, los imputados hallados culpables deberán abonar de forma solidaria un monto total de 67 millones 711 mil 048.33 soles, según la calidad y grado de intervención que cada uno de los investigados habría tenido en el caso.

“La Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayhores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano”, recoge el documento extendido a las instancias judiciales correspondientes.

Por otro lado, el Ex Jefe de Estado no es el único que está incluido en las investigaciones del Ministerio Público de la Fiscalía por este hecho.

La institución, liderada por Patricia Benavides Vargas, también investiga a la ex primera ministra Betssy Chávez; el exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y expremier Aníbal Torres; y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, extitulares de las carteras de Comercio Exterior y Turismo y del Interior, respectivamente.