A pesar de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación el 13 de enero pasado por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros por las muertes ocurridas durante las protestas sociales, todavía no existen avances visibles a pesar de que hay información para acelerarlas.
Según una nota del diario La República, el fiscal Marco Huamán, quien recibió el encargo de Benavides para continuar con las indagaciones contra las mencionadas autoridades del Poder Ejecutivo, no ha citado a los mandos policiales y militares de Ayacucho y Puno, regiones del sur donde se produjeron la mayor cantidad de muertos, para que rindan sus declaraciones pese a que contaría con sus nombres y direcciones.
Así se podría desprender de un documento que el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, envió el 15 de enero pasado al fiscal Huamán sobre las acciones que han realizado.
En esa línea, relató que abrieron un expediente contra Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macrorregión Policial Ayacucho, y a Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho. Ambos mandos de las FF.AA. y la PNP se encuentran comprendidos dentro de la investigación por las diez muertes que se dieron en la ciudad de Huamanga.
Jara también le habría informado al fiscal Huamán que recibieron denuncias de los familiares de los fallecidos de Apurímac contra la presidenta Boluarte, ministros, parlamentarios y Luis Flores Solís, jefe del Frente Policial de la región. A este último se le imputó los presuntos delitos de genocidio y violaciones a los derechos humanos en las modalidades de tortura y homicidio calificado.
Demora en las investigaciones
La fiscal Patricia Benavides anunció en marzo pasado la conformación de un equipo especial de fiscales que investigaría las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año, el trabajo sigue retrasado y no hay muestras de que haya resultados a largo plazo.
Según el diario La República, las fiscalías de las regiones —como Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho—, donde se dieron los enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están trasladando de manera muy lenta toda la información recogida hasta el momento al equipo liderado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez.
Junto a ella están Segundo Núñez Rodríguez, Mirela Coronel Molero, Mary Rojas Jara, Wilton Asto Rivas, Walter Carrasco Otárola, Anthony Olivares Silva, Lidia Nieto Pablo, Joás Padilla Morán, Lina Montes Reynalte, Roser Valencia Garriazo y Brian Roca Orosco.
Sin embargo, el detalle es que solo Cusco ya pasó todas diligencias realizadas, pero las otras no. Ayacucho está por enviarlo, Puno se ha quedado con el caso porque ha enviado solo copias, y Andahuaylas [Apurímac] está pendiente de remitirlo.
Adicionalmente, el citado medio de comunicación recoge las declaraciones del abogado Juan José Quispe, de Instituto de Defensa Legal, quien reclama la falta de experiencia en materia de derechos humanos por parte de los fiscales del equipo especial conformado por la fiscal Benavides.
“Aparte de que se están retrasando las investigaciones, los fiscales no son especialistas en temas de grave afectación a los derechos humanos. De los doce, La fiscal coordinadora ha visto casos civiles y de familia”, acotó.
Familiares denuncian retrasos
La Asociación de familiares de los asesinados y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte mostró su preocupación y rechazo por la decisión de la fiscal Patricia Benavides de trasladar todos los casos de las muertes a Lima.
Un comunicado publicado por la asociación indica que la iniciativa del Ministerio Público “da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones, ya que incluso no nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados”.
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